La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha pedido este jueves “acciones urgentes” a la comunidad internacional para el cese de la violencia en Myanmar, que desde el golpe de Estado suma al menos 1.120 asesinados por el Ejército. La expresidenta de Chile ha subrayado su preocupación por la catástrofe que atraviesa el país del sureste asiático y por el riesgo de que la situación degenere en una guerra civil. “Las consecuencias nacionales son terribles y trágicas, y las consecuencias regionales también podrían ser profundas”, ha afirmado Bachelet en un comunicado. “La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para restaurar la democracia y evitar conflictos más amplios, antes de que sea demasiado tarde”, ha recalcado Bachelet.
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Bachelet ha presentado este jueves un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se alerta de las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar. Los ataques a civiles se produjeron entre febrero y junio de 2021 en 12 de los 15 Estados del país. El documento recoge el testimonio de más de 70 víctimas y testigos, y señala que las agresiones cometidas “pueden constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
“No hay señales de ningún esfuerzo por parte de las autoridades militares para detener las violaciones, ni implementar las recomendaciones para abordar la impunidad y reformar el sector de seguridad”, ha destacado Bachelet. Además, ha pedido responsabilidades a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) —organización intergubernamental que agrupa a Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Brunéi y Myanmar—, argumentando que el conflicto en Columna Digital “va en contra de los compromisos asumidos por los líderes de la Asean de cesar la violencia y comenzar un diálogo constructivo entre todas las partes”.
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El informe critica también el uso de la fuerza letal del ejército de Tatmadaw en contra de los manifestantes, al emplear armas como rifles semiautomáticos y francotiradores para ahogar las protestas civiles. El 27 de marzo, Día de las Fuerzas Armadas en Myanmar, se registró un récord de muertos después de que el Ejército abriera fuego sin previo aviso, dejando al menos 130 personas fallecidas, entre las que se encontraban 17 niños.
En el informe también constan otras acusaciones, como la detención de más de 8.000 personas, muertes de civiles bajo la custodia de la Junta Militar y el uso de técnicas de tortura durante los interrogatorios del Ejército. Las estrategias van desde el uso excesivo de la fuerza hasta la privación de sueño y alimentos. Además, el Alto Comisionado para los derechos humanos resalta que los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos étnicos armados del país han dejado ya miles de personas desplazadas y sin techo en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país tras el impacto de la pandemia.
