El Gobierno y el PSOE mantienen su compromiso de llevar a las Cortes en dos semanas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el de la reconstrucción del país tras la pandemia y el que podría asegurar el llegar al final de la legislatura, pero aún se desconoce con qué apoyos contará. Ni siquiera tienen cerrado el respaldo de Unidas Podemos, la formación con la que gobiernan y con la que atraviesan otra vez un momento de enorme tensión. La presión sobre el PSOE se redobla por varios frentes con el objetivo de escorar la agenda gubernamental hacia la izquierda. El último escollo, además de la fiscalidad a las grandes empresas, se centra en la exigencia de aprobar cuanto antes una ley de vivienda que regule y controle el precio desbocado de los alquileres en determinadas zonas.
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Podemos y otros grupos que suelen apoyar al Ejecutivo, como ERC, EH Bildu, Más País, BNG y Nueva Canarias, recibieron el jueves en el Congreso un proyecto legislativo redactado por varios colectivos ciudadanos y sociales relacionados con la vivienda que plantea medidas para intervenir en el mercado y que el PSOE aún no ha asumido. Todos esos partidos, aliados habituales del Ejecutivo, más los independentistas de Junts y de la CUP, se comprometieron con los sindicatos UGT y CC OO, la Plataforma Antidesahucios (PAH) y la Alianza Madrileña por una Ley de Vivienda a registrar conjuntamente esa propuesta la semana que viene y llevarla en su momento al menos a su debate parlamentario.
Fuentes de Unidas Podemos admiten en privado que este tipo de posiciones obedece a una estrategia de presión sobre el PSOE para abordar asuntos de gran calado social entre su electorado. Pero la formación insiste en su confianza en lograr un acuerdo sobre los Presupuestos, pese a que las posiciones están “alejadas”. Así lo reiteró la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien añadió: “Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones y al final Unidas Podemos consigue sus objetivos”.
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Las relaciones entre los socios del gobierno vuelven a atravesar un momento complejo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en la SER, se refirió también a dos recientes pulsos en el Ejecutivo, por el salario mínimo y el precio de la luz, en los que el PSOE acabó aceptando medidas propuestas por Unidas Podemos “que no veían con tanta claridad”. Montero apeló a los compromisos del pacto de gobierno entre las dos formaciones para resaltar que ahora se debe dar “el paso de cumplir lo firmado”.
Fuentes gubernamentales de Unidas Podemos transmiten la misma posición de firmeza y sostienen que es el PSOE quien está renunciando a las promesas del programa de gobierno. “Es ahora o nunca”, comentaron estas fuentes. “No podemos esperar más para cumplir nuestros compromisos y tomar de una vez medidas progresistas en favor de la ciudadanía”.
La formación se siente reforzada después de que su líder en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le haya ganado el pulso a la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, en la subida del salario mínimo. Y también se apunta el triunfo de que la parte socialista se decidiese a poner coto a los beneficios de las eléctricas. En el tira y afloja con el PSOE, una de las bazas de Unidas Podemos es que sus posiciones están respaldadas por grupos clave en el Congreso, como todos los que se comprometieron el jueves con la propuesta de ley de vivienda.
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En el acuerdo de gobierno firmado en diciembre de 2019 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias figuraba el compromiso de regular el precio de los alquileres, la construcción de un parque público de viviendas y un plan estatal para la rehabilitación. Ese pacto no se ha plasmado aún en una norma por diferencias sustanciales entre los dos socios. Antes del verano, parecía que el PSOE y el Ministerio de Fomento, que dirigía entonces José Luis Ábalos, firmaban la paz y llegaban a una entente para reactivar la redacción de esa ley. Finalmente, los socialistas desistieron de regular los precios de los alquileres en los términos que proponían sus socios. Ese debate ha quedado sin resolver y Unidas Podemos ha vuelto a colocarlo entre sus prioridades para la negociación presupuestaria.
La formación ha optado por ampliar el foco de su presión sobre el PSOE en varios frentes, especialmente en materia fiscal. Unidas Podemos esgrime la relevancia de imprimir un barniz progresista en los Presupuestos y elevar el tipo mínimo del impuesto de sociedades hasta el 15%. El presidente entreabrió la puerta a ese debate en una intervención en Nueva York, durante su estancia para asistir a la asamblea anual de Naciones Unidas. Y se mostró “esperanzado” en que al final habrá Presupuestos, como el jueves repitió en el Congreso el portavoz socialista, Héctor Gómez. Este dirigente apostilló, eso sí, que el Ejecutivo contempla muchas posibilidades de salvar ese proyecto de las cuentas públicas “con el mayor de los consensos”, pero “cumpliendo los parámetros” y las reformas que requieren los planes de los millonarios fondos europeos.
Biden como ejemplo
Al tiempo que se reactivaba el debate sobre la vivienda, Unidas Podemos tampoco afloja con sus demandas fiscales. Montero, Belarra y la propia Yolanda Díaz remacharon públicamente el mensaje de que el Gobierno no debería ser menos de izquierdas que el del presidente de EE UU, Joe Biden, para exigir más esfuerzos a las grandes corporaciones. Díaz lo explicitó así: “No puede ser que en España las peluquerías, los bares u otros pequeños negocios paguen más impuestos que las grandes empresas. Es de sentido común que demos un paso adelante y fijemos un mínimo del 15% de impuesto de sociedades. Eso es salir juntas de esta crisis”.
