El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha presentado este lunes una propuesta para “preservar y fortalecer” el programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a cerca de 700.000 dreamers (soñadores), como se conoce a los jóvenes sin papeles que llegaron a EE UU cuando eran niños. A mediados de julio, un juez federal de Texas suspendió las nuevas solicitudes a la política migratoria por considerarla “ilegal”. La Administración de Joe Biden está apelando el fallo y ha pedido al Congreso que encuentre una vía para otorgar la ciudadanía a los beneficiados por el programa.
Las críticas de los conservadores a DACA recaen en que el Gobierno de Barack Obama pasó por alto los requisitos de procedimiento cuando lo puso en marcha en 2012. Como respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha planteado este lunes someterla al proceso regulatorio federal y así satisfacer las quejas del juez de Texas, Andrew Hanen, quien acusó a la Administración Obama de extralimitarse en su autoridad. El fallo de Hanen impide que el DHS apruebe nuevos permisos de residencia y trabajo para quienes deseen acogerse al programa, aunque las solicitudes de beneficiarios actuales pueden seguir llegando.
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La propuesta oficial se publicará el martes y estará abierta a la opinión del público durante 60 días. “La Administración Biden-Harris continúa tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones a este país”, sostuvo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. A pesar de que destacó la importancia de la propuesta, reconoció que “solo el Congreso puede brindar protección permanente” a los jóvenes que entraron indocumentados a Estados Unidos.
En su origen, DACA no fue pensado para ofrecer a los dreamers un camino a la residencia o a la ciudadanía, pero sí protección contra la deportación y permisos de trabajo renovables cada dos años. Obama estableció el programa por decreto, una facultad del poder Ejecutivo, pensando que sería algo temporal hasta que el Congreso aprobara una legislación especial, algo que los demócratas todavía no logran.
Durante la campaña electoral de 2016, Trump prometió acabar con el programa de Obama. Una vez en La Casa Blanca, le puso fin, pero la decisión desencadenó una batalla judicial que culminó en el verano de 2020, con una resolución del Tribunal Supremo que determinaba que el mandatario republicano no había cumplido los procedimientos legales para acabar con DACA, así que se vieron obligados a ponerlo nuevamente en marcha, aunque eso no ha acabado con las trifulcas legales.
