El Tribunal Supremo ha lanzado una voz de alarma. En una declaración sin precedentes, su Sala de Gobierno advirtió este lunes de las consecuencias “graves” que puede entrañar el mantenimiento de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la imposibilidad de nombrar cargos judiciales y cubrir las vacantes que se producen en ese órgano judicial.
La prohibición de los nombramientos de magistrados para cubrir vacantes, que se deriva de una reforma legal motivada por el bloqueo del PP en la renovación, puede llevar al colapso de algunos órganos del Supremo. Y la Sala de Gobierno del tribunal ha querido elevar por una vez su voz para avisar de las consecuencias del actual bloqueo, que afecta especialmente a la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, la que deberá decidir, entre otros asuntos, sobre la legalidad o no del indulto concedido a los dirigentes independentistas condenados en el juicio del procés.
Doce vacantes
La preocupación en el Supremo —con cinco salas y 80 magistrados— ha ido creciendo conforme pasaban los meses. Se van sucediendo jubilaciones y también varios fallecimientos. Esta situación ha causado ya 12 puestos vacantes, lo que supone un riesgo de ralentización del trabajo, o una sobrecarga de asuntos, pues funciona con un 15% menos de sus efectivos.
Aunque en todas las salas miran con inquietud al futuro ante la negativa del PP a negociar la renovación si antes no hay garantías de cambiar la ley, solo la Sala de lo Contencioso-administrativo tiene un problema mayor. De las 12 vacantes de este año, la mitad corresponde a la Sala Tercera, la que resuelve los recursos contra los actos del Gobierno, una sala clave del funcionamiento del Estado de derecho en España. La Sala de lo Penal, que juzga la corrupción de partidos e instituciones, no tiene bajas.
En la Sala de lo Contencioso-administrativo, donde son más urgentes los nombramientos, hay ahora seis vacantes, que en abril del año próximo se habrán incrementado hasta ocho. Las estadísticas de esta sala revelan que cada magistrado dicta al año un promedio de 80 o 90 sentencias. “Es una barbaridad”, dice uno de ellos, que utiliza datos comparativos para explicar la situación. “En Francia”, afirma, “nuestros homólogos dictan un promedio de 30 o 40 sentencias al año”. Incrementar la productividad, en suma, no se ve muy viable.
Esta sala tiene seis secciones, cada una de ellas con un mínimo de cinco magistrados. El presidente de la quinta, Segundo Menéndez, que ha de resolver sobre los recursos contra los indultos a los líderes independentistas, se jubila en abril próximo. Cuando le llegue el turno a este asunto, esa sección puede no tener presidente titular. Si se incorpora un magistrado de otra sala, o de otra sección, probablemente tenga una especialización distinta. El Poder Judicial sopesa enviar en comisión de servicio a magistrados de la Sala de lo Militar, especialistas en lo contencioso-administrativo y en lo penal, como solución de emergencia para resolver ese problema.
“No es lo más conveniente que un cardiólogo se ocupe de una fractura múltiple”, afirma un magistrado a título de ejemplo sobre las situaciones que pueden producirse. Y añade: “Del mismo modo, no es lo más indicado que un especialista en derecho tributario resuelva un asunto sobre urbanismo o sobre derechos fundamentales”.
El ‘caso Dolores Delgado’
Otro asunto de especial relevancia que esta Sala tiene pendiente se refiere a la impugnación del nombramiento de la fiscal y exministra de Justicia y exdiputada socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El asunto se abordará en una deliberación ya convocada para el próximo 19 de octubre. Presidirá el debate el presidente de la Sala, César Tolosa. Hubo un intento de llevar el caso a pleno, pero no ha prosperado.
Todo ello explica los términos perentorios de la declaración aprobada este lunes por la Sala de Gobierno del Supremo, que a instancia de sus miembros electos, acordó por unanimidad dirigirse al Consejo General del Poder Judicial “poniendo de manifiesto su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses”.
Voz de alarma
Hace tiempo que algunos de los miembros de la Sala de Gobierno querían lanzar una voz de alarma. Se dejó pasar algún tiempo, porque en el Supremo no tiene gran querencia por los conflictos. Al iniciarse el año judicial, a comienzos de este mes, se quiso esperar a comprobar los efectos del discurso con el que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, abrió el año judicial.
En dicha intervención ya vinculó la falta de renovación del Consejo con posibles riesgos para la independencia judicial. Pero en vista de que nada parece moverse en relación con el desbloqueo de la renovación del Consejo, la Sala de Gobierno —encabezada por el presidente del Supremo y compuesta por los presidentes de sus cinco Salas, más otros cinco magistrados elegidos por sus compañeros del tribunal— ha decidido no esperar más y denunciar la situación de inestabilidad en que se desarrollará su labor si se sigue agravando la situación que impide actualizar su plantilla.
La declaración ha sido promovida por los miembros electos de la Sala de Gobierno para dejar claro que responde a un movimiento “desde la base”, en expresión de otro magistrado. El texto representa, en suma, el sentir generalizado en el Supremo. El acuerdo señala que algunas de las Salas afectadas “se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente” y añade que, “al margen de cuestiones de otro orden que no le competen”, la Sala de Gobierno “no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas”.
La Sala de Gobierno acordó asimismo encargar un informe al Gabinete Técnico del tribunal “que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial”. Ahora, la Sala Primera (de lo Civil) del Supremo cuenta con una vacante, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) con seis, la Sala Cuarta (de lo Social) con tres y la Sala Quinta (de lo Militar) con dos.
