El Ministerio de Igualdad prepara una reforma de la ley del aborto en la que quiere incluir la obligación de crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para garantizar que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública. Casi el 86% de las IVE que se realizan se hacen en clínicas privadas concertadas con la sanidad pública.
Igualdad saca este martes a consulta pública la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como ley del aborto. Entre los cambios previstos incluye regular la formación de los profesionales sanitarios para garantizar que aprenden lo necesario sobre las IVE y para combatir el estigma que aún existe alrededor del aborto.
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La actual ley del aborto, aprobada en 2010, recoge la objeción de conciencia como un derecho individual de los sanitarios, pero que debe hacerse “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”. Lo articula como una decisión “siempre individual” que debe manifestarse “anticipadamente y por escrito”. La realidad es que esa información no se recoge y que existen hospitales públicos enteros y hasta cinco comunidades autónomas —Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y las ciudades de Ceuta y Melilla— donde no se practican abortos en la sanidad pública, lo que impide garantizar la prestación en igualdad de condiciones en todos los territorios.
Por eso, el ministerio se plantea ahora impulsar este registro, tal como ha adelantado el diario Público y ha confirmado el Ministerio de Igualdad a el país. La referencia que tendrán para elaborar esos listados, explican desde Igualdad, es la que recoge la reciente ley de eutanasia, un registro “que permita identificar necesidades en cada área sanitaria, de modo que se pueda garantizar el derecho en todos los casos”. La ley del aborto recoge explícitamente que todas las mujeres deben acceder en igualdad de condiciones a un aborto “con independencia del lugar donde residan”.
La propuesta del registro está todavía en una fase muy inicial, ni siquiera ha sido debatida con el Ministerio de Sanidad. Por las declaraciones públicas de su titular, puede convertirse en un punto de disenso entre los socios de Gobierno.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, descartó hace unos días que el Gobierno vaya a “regular la objeción de conciencia”. No obstante, la ministra añadió: “El acceso y la calidad asistencial de la prestación de la interrupción del embarazo no puede ser menoscabada por el derecho a la objeción de conciencia”. En el caso de la eutanasia, la necesidad de recopilar esa información está recogida en la ley nacional, pero son las comunidades autónomas, a través de las consejerías de Sanidad, las que deben crear registros autonómicos.
La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado en los últimos meses la objeción de conciencia como uno de los aspectos claves a revisar en la reforma de la ley del aborto, de la que Igualdad espera tener un borrador a finales de año. El texto en el que se abre la reforma a consulta pública hasta el próximo 12 de octubre no hace ninguna referencia explícita a la objeción de los profesionales sanitarios. El texto sí recoge que existe “un problema en relación con la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo” y que hay “obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno” de los derechos sexuales y reproductivos en España y que se necesita una reforma para garantizar la “efectividad” de estos derechos.
Cualquier persona interesada en la reforma puede enviar sus apreciaciones a Igualdad. El ministerio cita entre sus objetivos promover la formación de los profesionales sanitarios ya desde las facultades sobre la práctica de las IVE y el fomento de buenas prácticas que “desde la diversidad y el enfoque feminista promocionen los buenos tratos, las relaciones respetuosas e igualitarias”. También quiere incluir instrumentos que garanticen “la autonomía de las mujeres y el parto respetuoso” para evitar la violencia obstétrica que pueden sufrir las mujeres durante el parto. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado que “en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación”.
Igualdad ha puesto también el foco en atajar “las situaciones de acoso” que sufren las mujeres que acuden a las clínicas donde se realizan las IVE y las profesionales que trabajan en ella por parte de integrantes de grupos religiosos. El Defensor del Pueblo, según señala Igualdad en el documento que abre la consulta, recomendó en 2020 que se garantizara “la intimidad de las mujeres, su integridad física y moral y su derecho a la libre circulación”. La semana pasada, el Congreso aprobó impulsar un cambio en el Código Penal para castigar estos acosos con penas de cárcel.
