Ahora están muertos. Antes, eran vaqueros, ganaderos, jornaleros, maquileros y administrativos en el rancho de Agua Caliente, en Loma de Bácum. Y, sobre todo, eran yaquis, un pueblo indígena atravesado por una historia de violencia desde hace décadas que habita los desiertos de Sonora, en el norte de México, uno de los territorios con mayor presencia del crimen organizado. Cinco miembros de la tribu, desaparecidos desde el 15 de julio, han sido identificados este lunes en una fosa común por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
Sus nombres eran Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Heladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero. Otros cinco continúan en paradero desconocido. Decenas de activistas yaquis han sido asesinados o desaparecidos en la última década, debido a su lucha en defensa de su territorio, en oposición a macroproyectos de minería, gaseoductos y acueductos. Pero este nuevo golpe tiene algo distinto: no se trata de un ataque a militantes de primera línea, sino a civiles.
La semana de la desaparición se celebraba la fiesta tradicional de la Virgen del Carmen
En la comunidad de Bataconcica, perteneciente a Bácum. El grupo —originariamente 16 personas, aunque seis consiguieron escapar o fueron puestas en libertad— se dirigía al rancho de Agua Caliente a recoger ganado para sacrificar. Según las versiones de la propia comunidad, en el camino de regreso al municipio, fueron interceptados por miembros del crimen organizado. Cuando, alertados por el retraso, sus familiares y vecinos salieron en su búsqueda, se encontraron el ganado suelto y sus camionetas vacías y abandonadas a mitad de camino.
Anabela Carlón, abogada y parte de la tribu, ofrece estos días asesoría legal a los familiares de los asesinados, además de realizar labores de intérprete, ya que muchos no hablan castellano. “Esto se trata de un golpe a la comunidad, no eran activistas activos”, defiende. Sin embargo, añade que los padres de alguno de ellos ejercen puestos importantes dentro de la organización yaqui, son autoridades tradicionales o participan de una u otra manera en la toma de decisiones. Además, las víctimas formaban parte de una brigada de vigilancia comunitaria. “Para nosotros esto es un mensaje de poder hacia nuestro pueblo”, sintetiza la letrada.
Un activista yaqui
Prefiere conservar el anonimato —ya que se encuentra escondido al haber recibido amenazas de muerte—, plantea un escenario diferente, y sitúa a este grupo en la órbita del crimen organizado. Los diez desaparecidos pertenecían a un sector que se había separado del resto de la comunidad y habitaba una tierra que este pueblo considera sagrada. Por ello, no permiten el paso al Ejército ni a la policía, algo de lo que se aprovechan los narcos. “Es un secreto a voces que en territorio sagrado está escondida gente del crimen organizado que tiene su centro de operación en esa parte de la sierra. Pensamos que amenazaron a dirigentes yaquis para que les dejaran entrar”.
Según esta hipótesis, los desaparecidos se ganaban un dinero extra ejerciendo de halcones (vigilantes) para el crimen organizado. Debido a las fiestas, los trabajadores del rancho descuidaron su labor, y no avisaron de una incursión del Ejército en territorio sagrado por la parte oriental de la sierra. En la zona había laboratorios de metanfetamina, e incautaron media tonelada de drogas, según un comunicado de la Guarida Nacional. En represalia, los narcos les secuestraron. “Como indígenas nos duele y nos indignan las formas, parece que fueron fusilados en un paredón en el rancho de Chichiquelites. Se ve claramente como quieren diezmar a un pueblo. Primero trataron de dominar a la tribu con otras creencias religiosas para que olvidaran su cultura y sus costumbres. Ahora, metieron el caos, el miedo la droga. Se están viendo cosas que hace diez años no se veían aquí”, añade la misma fuente anónima.
Anabela Carlón
Algo no cuadra en esa historia: “Sí, podría ser un ajuste de cuentas, pero de esa cantidad de gente igual uno podría estar vinculado con el crimen organizado, no creo que todos estén inmiscuidos. Que maten a diez personas es gravísimo, no es el patrón que suelen utilizar”. Acostumbrada ya a la violencia en el día a día, Carlón explica que, normalmente, si alguien se relaciona con el narco y tiene un problema, “se lo levantan y aparece muerto en algún lado, pero a esa persona, no se llevan a un grupo tan grande. Para nosotros eso no es posible de creer”. Aunque es incapaz de explicar por qué desaparecieron, en concreto, a los trabajadores del rancho: “Estaban esperando en específico a este grupo. No queda clara la razón a menos que sea una manifestación de poder”.
Guadalupe Flores Maldonado
Tampoco comparte la tesis del ajuste de cuentas Guadalupe Flores Maldonado, portavoz de la Guardia Tradicional -la policía yaqui- de la comunidad de Bácum: “No les conviene una matanza así a los del crimen organizado porque se les calienta la plaza y se llena de soldados”. Flores reconoce la presencia del narco en sus tierras, ruta de paso para el trasiego de droga hacia la frontera oste de EE UU, pero niega la hipótesis de que hayan penetrado tan dentro de la comunidad. Organizaciones sociales comprometidas tradicionalmente con la lucha medioambiental de los yaquis, como el Movimiento Ciudadano por el Agua de Sonora, han decidido no implicarse con este caso en concreto.
Los yaquis son una tribu muy hermética, recelosa de su intimidad. Ahora mismo, Sergi Pedro Ros es una de las personas externas a la comunidad que mejor los conoce. Cineasta, trabajó durante cinco años en Laberinto Yo´eme, un documental donde narra los problemas de este pueblo en la defensa de su agua y su territorio contra la violencia del narco y el abandono institucional, lo que le permitió ser un testigo privilegiado de su realidad: “Lo que está pasando con los yaquis es un genocidio. Ya no es solo que ataquen a activistas y líderes sociales. Ahora van a por la sociedad civil. Cualquier persona por el mero hecho de ser yaqui hoy corre peligro”.
