La denuncia presentada ante Instituciones Penitenciarias en 2019 por la madre de un preso para protestar por la facilidad con la que su hijo, toxicómano, conseguía droga en la cárcel de Navalcarnero (Madrid) permitió a la Guardia Civil iniciar la investigación que desembocó el miércoles en la detención de 17 supuestos integrantes de una trama de narcotráfico que operaba dentro de dicho centro penitenciario, según detallan fuentes cercanas a la investigación.
Funcionarios de prisiones
Entre los arrestados figuran cinco funcionarios de prisiones —uno jubilado— y seis reclusos. Los otros seis detenidos son los presuntos miembros de la trama que operaban fuera de prisión. Algunos de ellos figuran como titulares de las cuentas bancarias donde se ingresaban los pagos que familiares de los reclusos hacían por la droga que estos consumían dentro.
En los registros que la Guardia Civil realizó el miércoles con ayuda de perros adiestrados tanto en las celdas de cuatro módulos de la prisión como en las taquillas de los trabajadores arrestados no se encontraron sustancias estupefacientes, aunque sí útiles de los empleados por los internos para consumirlas. La investigación, bautizada como Operación Orión, es dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero.
En su denuncia, la madre del preso se quejaba de que, cada vez que se comunicaba con su hijo, este le pedía que ingresara dinero en una cuenta bancaria de una tercera persona para evitar que le agredieran los reclusos con los que había contraído una deuda por facilitarle la droga. Instituciones Penitenciarias abrió una investigación interna que incluyó el interrogatorio tanto del interno como de otros reclusos. El testimonio de estos permitió identificar a los presos que supuestamente traficaban con la droga, pero también la presunta implicación de funcionarios.
Vías de entrada
Fuentes de la investigación aseguran que, en un primer momento, las pesquisas apuntaban a que la droga entraba en prisión en las visitas con contacto físico —los vis-à-vis— a los presos hechas por familiares y amigos, o a través de los internos que volvían de permisos. En este caso, la supuesta connivencia de los trabajadores parecía limitarse a hacer la vista gorda cuando entraba la droga.
Sin embargo, en marzo de 2020, cuando el Ministerio del Interior ordenó, durante el primer estado de alarma, el aislamiento de las cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus en su interior, tanto estas visitas como las salidas de los presos se interrumpieron. La medida causó un descenso drástico del tráfico de drogas en el interior de las cárceles y un aumento considerable del precio de las dosis. Esta carencia de estupefacientes, que en algunas cárceles provocó altercados y riñas entre presos, muchos de ellos con el síndrome de abstinencia, fue menor en otros centros, como el de Navalcarnero, lo que disparó la sospecha de que los narcóticos seguían entrando en este penal por otras vías.
Las indagaciones de la Guardia Civil
Apuntan ahora a que los funcionarios detenidos aprovechaban que no se les registraba cuando entraban a trabajar para introducir en el centro penitenciario tanto la droga como otros objetos prohibidos, entre ellos teléfonos móviles. Las pesquisas aún intentan determinar si los cinco arrestados actuaban de manera conjunta o, por el contrario, lo hacían sin conocer las actividades del resto.
La investigación, que ha incluido intervenciones telefónicas y seguimientos, ha revelado que los integrantes de la trama que estaban en libertad —entre ellos el hermano de un preso— se encargaban de hacer llegar la droga a los funcionarios y pagarles. También buscaban a las denominadas mulas, personas con escasos recursos que, por una pequeña cantidad de dinero, se prestaban a abrir las cuentas que recibían los pagos de los familiares de los presos por la droga. El dinero era sacado rápidamente por los cabecillas de la trama a través de tarjetas bancarias en cajeros de las entidades. En uno de estos depósitos, los investigadores han contabilizado movimientos por un valor cercano a los 100.000 euros, detallan las mismas fuentes.
