Corinna Larsen, la mujer que mantuvo una relación con el rey emérito, Juan Carlos I, planeó en 2007 que los gestores que administraran un fideicomiso denominado Peregrine, desde Nueva Zelanda, entregaran a Juan Carlos I, en caso de que ella muriera, “el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudi” que el anterior jefe del Estado había patrocinado y para el que ella había trabajado. Los documentos, sin firmar, en los que se reflejan sus deseos, se crearon el 27 de marzo de 2007, 14 días antes de que se registrara en Guernsey, paraíso fiscal de las Islas del Canal, el fondo hispano saudí impulsado por ambos países. El abogado de Larsen asegura que esos documentos son falsos.
Más de 600 periodistas de 117 países han analizado durante dos años los 11,9 millones de archivos de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore en paraísos fiscales. Este tipo de sociedades, radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare allí donde resida.
El problema comienza, a ojos de las autoridades, cuando lo que se busca en estos países es anonimato y nula tributación. En España, La Sexta han analizado la filtración en busca de personas de interés público que hayan sacado provecho de las jurisdicciones más opacas del mundo. El resultado son más de 700 sociedades vinculadas al país, entre las que destacan decenas de personalidades relevantes.
