La segunda semana de noviembre de 2020, cientos de miles de peruanos se manifestaron en la mayoría de regiones y en medios sociales contra el Gobierno interino de Manuel Merino. El político pasó de ser presidente de un Congreso desprestigiado a liderar el Ejecutivo, después de que el Parlamento depuso -bajo el argumento de “incapacidad moral permanente”- al entonces jefe de Estado, Martín Vizcarra.
Las protestas, durante seis días seguidos, rechazaban la salida de Vizcarra a través de un movimiento de la oposición para hacerse con el Ejecutivo. Las manifestaciones fueron pacíficas, pero en Lima la policía las reprimió con brutalidad. Los agentes dispararon contra los manifestantes causando la muerte de dos jóvenes. Ahora, la fiscal general ha presentado al Congreso una denuncia constitucional contra Merino y dos exministros, como presuntos autores de los homicidios del #14N y por lesiones graves y leves de otras 78 personas.
La denuncia de la magistrada Zoraida Ávalos encuentra “omisión impropia” en el exgobernante interino que estuvo seis días en el cargo, así como en dos integrantes de su fugaz Gabinete: el primer ministro Antero Flores Araoz y el titular de Interior, Gastón Rodríguez. La omisión o dolo eventual implica que, teniendo las atribuciones y el poder “para evitar un desenlace fatídico como las muertes [de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado], no lo hicieron”, explicó el abogado Carlos Rivera en Ideele Radio este martes.
El destino de la denuncia constitucional que ha presentado Ávalos ahora depende de las cuotas de poder político en el nuevo Congreso instalado en julio.
La actual presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, pertenece al mismo movimiento que Merino en el fragmentado partido político Acción Popular.
Dicha formación tiene la cuarta minoría de acuerdo al número de escaños. En una entrevista reciente, Alva consideró la gestión de Merino de aquellos días en el Ejecutivo como “constitucional y para nada” autoritario.
La subcomisión de denuncias constitucionales del Congreso debe designar a un parlamentario que elabore un informe, a raíz del documento enviado por la fiscal general. Si dicho grupo de trabajo aprueba la denuncia como procedente, pasará a la votación del pleno. De obtener los votos suficientes a favor, entonces la fiscal de la Nación denunciará a los altos funcionarios ante la Corte Suprema.
Disparos con material policial
Las pruebas y testimonios recabados por la fiscal general sobre la responsabilidad de los tres denunciados son abundantes y han quedado consignados en 148 páginas. Según la denuncia, Sotelo murió a causa de disparos de perdigones de plomo y por el número de proyectiles y la zona a la que dirigieron los proyectiles -el torso- los agentes pudieron saber que iban a causarle la muerte, pero pese a ello lo hicieron. El abogado Rivera destacó que a la gran mayoría de los heridos les apuntaron al tercio superior del cuerpo.
Información
Ávalos añade sobre los tres ex altos funcionarios del Gobierno interino que “por la información oficial que obtuvieron de que las movilizaciones sociales tenían la tendencia a intensificarse, era previsible y razonable de que (las fuerzas del orden) desplieguen acciones de manera desproporcional en la represión, a través del uso de armas, con perdigones, gases lacrimógenos y otros; no obstante, no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones, lo que conllevó como resultado, dos personas fallecidas y 78 ciudadanos, identificados hasta la fecha, con lesiones graves y leves”.
También este miércoles, el Ministerio Público reportó que la fiscalía penal especializada en delitos de derechos humanos ha denunciado a 11 altos oficiales de la policía por los mismos hechos.
En el caso del estudiante Sotelo, murió por una herida penetrante en el tórax que causó un proyectil que pudo ser disparado por una escopeta calibre 12.
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