Las empresas que resulten afectadas por los cambios en materia eléctrica podrán acudir a tribunales internacionales para exigir indemnizaciones al gobierno mexicano, o bien, buscar negociaciones para que se retomen los contratos, aseguró Kenneth Smith, líder negociador del T-MEC.
La reforma eléctrica enviada la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que está en Comisiones de la Cámara de Diputados, establece la cancelación de los contratos otorgados desde 2013 a los privados para vender energía renovable a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con Columna Digital, el especialista calculó que en el sector de energías renovables, es decir energía eólica y solar, hay 50 proyectos de diversos países que rebasan inversiones por seis mil millones de dólares.
“Las empresas en lo individual pueden acudir a los mecanismos de solución de disputas que existen en el T-MEC y el acuerdo bilateral de protección de inversiones. Existen paneles internacionales donde las empresas pueden exigir la reparación del daño”, aseguró.
Esto quiere decir que cada empresa puede presentar una demanda individual contra el gobierno mexicano, añadió.
Sin embargo, este no es el único camino, pues según Kenneth Smith, las empresas de Estados Unidos pueden solicitar apoyo a Washington para presentar una demanda entre países.
“Estas demandas se pueden ir a nivel de panel y si determinan que hay daño podría haber represalias comerciales en otros sectores de comercio internacional”, comentó.
“Son dos canales muy peligrosos que son las demandas individuales o los paneles Estado contra Estado”, mencionó.
Otra opción, dijo el especialista, es que el gobierno mexicano decida negociar con el sector privado para obtener nuevos términos en los contratos, como ocurrió con la construcción de gasoductos.
ENERGÍA MÁS CARA
La propuesta incrementará los precios de la electricidad en el país y será negativa para la calificación del sector, alertó la agencia calificadora Moody’s.
Si se aprueba esta iniciativa también disminuirá la transparencia operativa del mercado eléctrico nacional, al tiempo que ahuyentará las inversiones privadas, especialmente en energías renovables y retrasará la transición energética del país.
“La propuesta de reforma no sólo crearía un mercado de electricidad más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México en el logro de sus objetivos de energía limpia”, refirió Moody’s en un reporte.
Este 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma en materia eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas del país.
La propuesta establece la separación de las subsidiarias CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital y reintegra el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la empresa encabezada por Manuel Bartlett.
“Si bien la CFE podría compensar parte de la inversión privada perdida en energía renovable reemplazando parte de su generación contaminante y más costosa, no ha anunciado nuevas plantas de energía renovable además de sus inversiones en plantas hidroeléctricas existentes y la construcción de un proyecto fotovoltaico en Sonora”, agregó Moody’s.
