Los abogados defensores de Rafael Redondo, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y de Gemma Alcalá, esposa del policía, dedicaron este jueves buena parte de sus intervenciones en el trámite de cuestiones previas de la segunda sesión del primer gran juicio del caso Villarejo a poner en duda la validez legal de una de las principales pruebas del procedimiento: los cientos de horas de audios grabados por el propio Villarejo de sus conversaciones con sus clientes y otros implicados, y que fueron intervenidos por la policía en sus viviendas y oficinas cuando fue detenido en noviembre de 2017.
La decisión del tribunal sobre esta petición no solo condicionará el desarrollo de esta vista, en la que se sientan en el banquillo por tres líneas de investigación (Iron, Land y Pintor) 27 personas físicas y cinco jurídicas, incluido el propio Villarejo —para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 110 años de cárcel—, sino también el del resto de la treintena de piezas separadas del macrosumario en el que se investiga la trama policial orquestada por el policía jubilado, ocho de las cuales el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ya ha dado por concluidas.
Ausente de la sesión el propio Villarejo por un asunto judicial en otro juzgado, el primero en intervenir fue el abogado de Redondo, que puso en duda la autenticidad de los archivos sonoros —“no sabemos si son copias de copias de copias”— y destacó que no se intervino ningún “artefacto de grabación” que permita aclarar si han sido manipulados. Por todo ello, exigió que sean “expulsados del procedimiento” y, por tanto, no puedan ser usados como prueba por las acusaciones.
El abogado cargó contra Anticorrupción por el uso que había hecho de estos audios para “engordar las piezas del caso Villarejo”.
El letrado —que pidió suspender la causa al considerar que la Audiencia Nacional no es el órgano judicial competente por el tipo de delitos que se juzgan— también puso en duda la validez del resto de los documentos intervenidos en formato digital durante los registros. En su mayoría se encontraban en los equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento localizados en los domicilios y despachos de Villarejo y su socio. El abogado de este último aseguró que estos objetos no fueron sometidos a control judicial tras ser requisados y, por tanto, se quebró la cadena de custodia que debe garantizar que no sufren ninguna manipulación.
En este sentido, el abogado detalló que, según consta en el sumario, permanecieron durante 17 días en lo que calificó como “un limbo sin control judicial” en poder de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía antes de que se entregasen al juzgado.
Por todo ello, el defensor, que acusó a esta unidad policial y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de ser los “instigadores” de la investigación, pidió anular tanto las pruebas obtenidas del contenido de estos dispositivos, que sustentan gran parte de la macrocausa, como las que posteriormente se consiguieron a partir de ellas al considerarlas contaminadas.
La estrategia de pedir la nulidad de las pruebas fue seguida por la mayor parte de los abogados de los otros encausados que intervinieron este jueves, entre ellos la defensa de la esposa del comisario, que denunció que el supuesto objetivo de la investigación no fue desmantelar una trama delictiva, sino “apropiarse de las grabaciones”. “La Fiscalía Anticorrupción se ha plegado a los pérfidos intereses de la policía y el CNI”, añadió. El abogado de la mujer del policía también pidió expulsar de la causa a Podemos como acusación popular por haber hecho, en su opinión, “uso electoral de la causa”. Las sesiones del juicio se reanudarán el próximo 15 de noviembre, con la intervención de las últimas defensas en el trámite de cuestiones previas antes de comenzarse el interrogatorio de los acusados.
