Nada sube tanto la temperatura emocional en el Congreso de los Diputados como las disputas sobre la historia, y el mejor ejemplo se ofreció este jueves: discursos enardecidos, fotografías de víctimas de violencia política exhibidas desde la tribuna y ovaciones atronadoras, ahora a la izquierda, ahora a la derecha. La nueva ley de memoria democrática pasó su primer trámite en el Congreso, pero echa a andar en una situación precaria, con la derecha vertiendo los peores calificativos contra ella y los socios del PSOE presionando para endurecer su contenido.
Hacía tiempo que no se veía a un Gabriel Rufián tan desatado contra el Gobierno. El portavoz de ERC adoptó su faceta más solemne, escogió un estribillo para ir introduciendo cada tema con una apelación a los “señores antifascistas de esta Cámara” y concluyó dirigiéndose al Ejecutivo: “La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué son ustedes tan cobardes”.
Si Rufián descolló entre los discursos más encendidos, en las ovaciones se significó sobre todo el grupo de Vox, que acogió entusiasmado la intervención en la que su parlamentario Francisco José Contreras desgranó toda clase de explicaciones históricas para negar que la causa de la Guerra Civil fuese el golpe de Estado franquista. Cuando Contreras regresó al escaño, sus compañeros lo rodearon y aplaudieron tanto y con tanto ardor que él mismo les rogó que pararan.
El proyecto de ley recibió luz verde para ser tramitado, pero las enmiendas a la totalidad, dos de la derecha y otra de ERC, votadas por separado, sumaron más rechazos (182 diputados) que apoyos al texto. PP y Vox pedían simplemente devolverlo al Ejecutivo y reunieron sus votos, los de Ciudadanos y los de la derecha regionalista.
La enmienda de ERC se votaba aparte porque incluía un texto alternativo y fue respaldada por todos los grupos nacionalistas catalanes, EH Bildu y el BNG.
La tramitación de la ley se perfila para el Gobierno, y sobre todo para el PSOE, como un camino sembrado de ascuas. La derecha considera que “hace volar por los aires el pacto constitucional”, según sentenció, en una intervención durísima, la diputada del PP Macarena Montesinos. El independentismo exige ir mucho más allá de lo que propone el texto elaborado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y, en algunos aspectos, sus demandas cuentan con la comprensión de Unidas Podemos. El socio minoritario del Ejecutivo anunció que presentará enmiendas parciales, entre ellas para pedir la retirada de la ley de amnistía de 1977 de los apartados que impiden actuar contra los funcionarios de la dictadura envueltos en la represión.
Aunque ERC asumía que su enmienda no iba a derrotar el proyecto del Gobierno, le sirvió para seguir enarbolando una reivindicación que mantiene viva desde 2007, cuando ya votó en contra de la primera ley de memoria histórica. Esquerra exige “el fin de la impunidad”, derogar la amnistía de la Transición, declarar ilegal la dictadura y dar resarcimiento económico a las víctimas del franquismo. Por todos esos temas se deslizó Rufián con su más afilado arsenal dialéctico para descalificar el texto como “un postureo” y una “vergüenza”. El resto del independentismo secundó sus posiciones, aunque su lenguaje fue bastante menos belicoso. Alguno de esos portavoces, como Bel Pozueta, de EH Bildu, incluso reconoció que el proyecto contiene “pasos importantes”.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aguantó la borrasca sin mover el gesto, tras una intervención ante la Cámara en la que se había afanado en ofrecer un mensaje de concordia. Uno de sus hilos argumentales fue negar que el proyecto pretenda revisar la Transición, de la que hizo una defensa sin matices, sino “aumentar su prestigio” con una iniciativa para “homologar las leyes españolas con las de los países de nuestro entorno”. Bolaños, también con timbre emocionado por momentos e interrumpido por grandes ovaciones, multiplicó las frases conciliadoras: “No es una ley contra nadie”; “no es ideología, es justicia, es democracia, es humanidad”; “no pretende abrir heridas, sino cerrarlas de una vez por todas”. Y sobre todo apeló a las víctimas: “¿Alguien puede oponerse a que una nieta recupere los restos de su abuelo de una cuneta?”.
Solo Unidas Podemos y el PNV secundaron al ministro. La derecha se empleó a fondo para demoler el proyecto. Vox lo hizo culpando de la Guerra Civil a la “radicalización del PSOE” e impugnando la Segunda República, de la que el diputado Contreras llegó a decir que “cerró más periódicos que el régimen de Franco”. Para el PP, la ley obedece al “oscuro deseo de dinamitar el referente luminoso de la Transición”. “Es un llamamiento al enfrentamiento entre compatriotas”, censuró la diputada Montesinos.
Ciudadanos decidió respaldar las enmiendas de la derecha con otro discurso muy vibrante. Su diputado Guillermo Díaz no combatió tanto el contenido de la ley como el hecho de que el Gobierno quiera prohibir la exaltación de la dictadura al tiempo que estudia despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. “Usan a las víctimas como excusa, esto es memoria selectiva”, protestó Díaz, muy airado.
Bolaños asumió que el Gobierno está obligado a buscar acuerdos y rogó que la negociación no se empantane cuando comience la discusión del proyecto artículo por artículo. Para eso apeló de nuevo a los familiares de las víctimas, muchos de ellos de avanzada edad: “Hay gente que ya no tiene tanto tiempo”. Su invitación fue desdeñada por Rufián: “Si tanta prisa tenían, ¿por qué han esperado 14 años?”.
