El mes que viene se estrena Red Notice, una superproducción estadounidense que arranca con una alerta roja de Interpol. Dos criminales se han fugado y este mecanismo activa a los cuerpos policiales de todo el mundo para atraparlos. Ese es el objetivo de las notificaciones rojas en la vida real, y cuando funcionan son instrumentos esenciales para detener y extraditar a delincuentes. El problema es que se han convertido en un coladero: gobiernos autoritarios como Turquía, Rusia, Irán o China usan las alertas para detener a sus enemigos políticos.
El año pasado se emitieron 11.000 notificaciones rojas en todo el mundo. A la mayoría de los perseguidos se les presumían delitos de corrupción, lavado de dinero y otros crímenes financieros. ¿Cuántos en realidad eran simplemente disidentes, exiliados o periodistas incómodos? Nadie lo sabe, pero organizaciones como Fair Trials, RSF y abogados expertos en este tema señalan decenas de casos. Interpol no puede intervenir en cuestiones o asuntos de carácter político, militar o religioso, pero ha fallado tantas veces que en 2014 tuvo que introducir mecanismos de control. Todavía son insuficientes, y ellos mismos lo reconocen.
Detrás de las alertas rojas hay historias como la de Bahar Kimyongür, belga de origen turco, activista de izquierdas muy crítico con el régimen de Erdogan. En 2006 Ankara emitió una alerta roja para que los 194 países miembros de Interpol lo localizaran y extraditaran por terrorismo. Lo acusaban de pertenecer al DHKP-C, el Frente-Partido Revolucionario de Liberación Popular, cargo por el que la justicia belga lo había juzgado y absuelto. Sin embargo, la alerta seguía vigente porque increpó a un político turco en el Parlamento Europeo. Hasta 2014, Kimyongür pasó tres veces por la cárcel: en Holanda fueron 69 días; en Italia, tres meses; en España, cuatro días. Aquí lo detuvieron mientras visitaba la mezquita de Córdoba con su mujer y sus dos hijos.
El pequeño se le había dormido en brazos cuando los rodeó la policía. Metieron a toda la familia en una furgoneta y se los llevaron a comisaría. Gracias a las ONG y a la presión popular, Kimyongür pudo borrar su nombre de la lista de Interpol. Hoy, ironías de la vida, trabaja para el Ministerio de Justicia belga. Denuncia que el abuso de las alertas rojas está institucionalizado y que destroza muchas vidas. Por ejemplo, de inocentes que pensaban haber encontrado asilo en la Unión Europea y que ven que su enemigo sigue teniendo el poder de reclamarlos.
A diferencia de las órdenes de detención europeas, las alertas rojas de Interpol son manipulables. Tienen un fallo de base y es que presuponen la buena fe del emisor, aunque sea un gobierno autoritario. Los controles que la organización ha introducido en los últimos años no bastan y es urgente mejorarlos. Si no, instituciones internacionales necesarias como Interpol van a ser cada vez más maleables y menos creíbles.
