La polémica ley del aborto en Texas sigue en pie. Este jueves un fallo del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones permite continuar a la norma que castiga la terminación de un embarazo desde que se registra actividad cardiaca del feto, un plazo alrededor de los seis meses de gestación. La entrada en vigor de la ley, a inicios de septiembre, causó varias movilizaciones y protestas. El Gobierno del presidente Joe Biden prometió luchar contra ella en los tribunales por considerarla la mayor amenaza a la legalización del aborto que trajo la histórica sentencia de Roe contra Wade hace casi 50 años. Esta tarde, sin embargo, ha fracasado parte de la ofensiva legal iniciada por la Administración demócrata.
Dos de los tres jueces que conforman el panel de la corte de apelaciones decidieron dejar en vigor la norma promovida por los senadores republicanos locales, conocida como la Ley 8 de la cámara alta. Esta es la tercera ocasión que los togados, considerada por los expertos como una de las cortes más conservadoras del país, evitan que la polémica iniciativa quede sin efecto. La ley ha sido criticada porque no contempla excepciones para casos de violación o incesto y abre la posibilidad a una demanda a cualquier ciudadano que ayude a una mujer a abortar, como médicos, enfermeros, secretarias de las clínicas de aborto y hasta conductores de Uber.
El fallo de este jueves sorprendió a pocos. Los legisladores texanos diseñaron la norma para que su impugnación en tribunales esté llena de obstáculos. Tal y como está sucediendo. Esto porque ninguna autoridad local, ni la policía ni la fiscalía tejanas, está encargada de impedir que las mujeres aborten. Esta responsabilidad, en cambio, recae sobre cualquier ciudadano de a pie, quien puede iniciar un juicio civil en contra de la acusada o quien le haya asistido. La redacción de la ley permite a quien acusa, si es que gana la querella, obtener hasta 10.000 dólares para cubrir sus gastos legales (algo que no obtienen los acusados). La norma ha provocado que decenas de mujeres dejen el Estado y deban de conducir cientos de kilómetros para poder abortar en entidades vecinas como Oklahoma.
