La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 una causa por los crímenes del franquismo abierta en Buenos Aires, ha emitido un auto de procesamiento contra Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación (Interior) en los primeros Gobiernos tras la muerte de Franco. La magistrada argentina considera a Martín Villa “prima facie [a primera vista], autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, reiterado en al menos cuatro oportunidades, del que resultaron víctimas Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Sáiz”. Los tres primeros murieron por disparos de la Policía Armada en la brutal carga del 3 de marzo de 1976 en Vitoria durante una protesta laboral en la que murieron otros dos obreros. La cuarta víctima que la jueza atribuye al exministro de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez cayó abatida por disparos de la fuerza pública en los sanfermines de Pamplona en 1978.
Fuentes del entorno de Martín Villa señalan que recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina tanto el auto de procesamiento como la fianza impuesta y recuerdan que en 2017, dicha cámara ya revocó la orden de detención dictada por Servini. Los abogados del exministro aseguran que la juez ha dictado el auto de procesamiento 12 meses después de que este declarase por videoconferencia cuando, “según las leyes argentinas debía haberlo hecho en un plazo de diez días” y señalan que varias de las muertes de las que se le responsabiliza se produjeron en marzo de 1976 “cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, sin competencia sobre la Policía”.
En el auto, de 970 páginas, la magistrada argentina decreta la “prisión preventiva” del exministro, de 87 años, aunque reconoce que esta “no se hará efectiva” porque instancias judiciales superiores del país sudamericano ya revocaron en julio de 2017 la orden de detención que Servini había lanzado contra él en 2016. Servini ordena también “el embargo” de los bienes del exministro “hasta cubrir la suma de 1.134.000.000 pesos”, es decir, 9,8 millones de euros. También libra peticiones a diversos juzgados españoles para que le remitan “fotocopias certificadas del sumario” que se instruyera por el asesinato de Arturo Ruiz García, de 19 años, obrero y estudiante, la mañana del 23 de enero de 1977 en Madrid por un grupo de ultraderechistas identificados como Guerrilleros de Cristo Rey, mientras asistía a una manifestación convocada para reclamar la amnistía de los presos políticos de la dictadura franquista; así como sobre los sucesos de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en los que “resultaron asesinados cinco obreros“.
La magistrada Servini también solicita a la justicia española copias de los sumarios abiertos por “el asesinato de Rafael Gomez Jáuregui, veterano luchador antifranquista, por parte de efectivos de la Guardia Civil el 12 de mayo de 1977 en Rentería durante la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado en la denominada semana Pro Amnistía”; y por el “asesinato de José María Zabala el 8 de septiembre de 1976 por el guardia civil Enrique Pascual Diogo en Hondarribia durante la represión de una manifestación”; además de por el “asesinato de María Norma Menchaca por parte de grupos parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurce durante una manifestación para solicitar amnistía para los presos políticos”.
La magistrada reclama, además, la “historia clínica de Francisco Javier Núñez, que había ingresado en el Hospital de Basurto entre los días 15 y 29 de mayo de 1977 y había sido brutalmente golpeado por efectivos antidisturbios de la policía armada de una manifestación en Bilbao” y “las actuaciones penales instruidas por el asesinato de José Luis Cano Pérez por disparos de efectivos de la policía armada en Pamplona el 14 de mayo de 1977″.
La jueza atribuye a Martín Villa la “autoría mediata” de esas muertes. Señala que “toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición” y que “durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel, y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance”. También recuerda que Martín Villa “ocupó una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”. Sobre los sucesos de Pamplona de 1978, la magistrada señala que “fue, como máxima autoridad del Orden Público –ministro del Interior–, que Villa impartió las directivas generales y a veces particulares en esa materia, respecto de cuáles eran las manifestaciones o reuniones que no debían tolerarse o que debían disolverse”.
Martín Villa, imputado desde 2014 por delitos de lesa humanidad, declaró en septiembre de 2020 por videoconferencia ante la jueza argentina: “He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”. El exministro reconoció que en los sucesos de Vitoria de 1976 “ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”, añadió. Los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy expresaron a la magistrada Servini su “asombro e increduliad” por la imputación de Martín Villa, al que apoyaron públicamente.
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