El PP de la ciudad de Valencia ingresó y dedicó a varias campañas electorales (entre 2006 y 2015) una cantidad de dinero y recursos muy superior a la permitida legalmente, sobre todo en los comicios de 2007 —”superando con seguridad y ampliamente el millón de euros”—. Así lo establece el auto de procesamiento por blanqueo de capitales dictado el martes por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia contra más de medio centenar de personas del equipo municipal y contra el propio PP local. También se acusa al exvicealcalde Alfonso Grau por malversación.
“Fue una sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido que se confundía con la del Grupo Municipal del PP”, sostiene el auto. Y se llevó a cabo de forma aparentemente opaca a la estructura nacional del partido por un reducido número de personas, de la estrecha confianza de Barberá, fallecida en 2016.
Grau (hoy en prisión preventiva por otro caso de corrupción) actuaba supuestamente como recaudador y Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal, como administradora de una caja b del grupo municipal. La formación recurrió a “procedimientos clandestinos de financiación” que vulneraban los límites de la Ley Electoral y de Financiación de Partidos, según el auto. El instructor ha descartado el delito por financiación irregular de partidos porque no existía en el Código Penal cuando se produjeron los hechos.
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El auto desgrana la investigación desplegada sobre las campañas electorales del PP local en 2007, 2011 y 2015. Por esta última campaña encausa por blanqueo a 49 exconcejales y exasesores del PP de Valencia. Cada uno de ellos transfirió supuestamente 1.000 euros a la cuenta bancaria del partido mientras recibían a cambio en mano dos billetes de 500 euros de procedencia desconocida. El partido ingresó por el conocido como método del pitufeo cerca de 50.000 euros.
Antes de 2015, los populares de Valencia recurrieron a otros métodos de recaudación poco convencionales, según la instrucción. En la campaña de 2007, tras la cual el PP consiguió mayoría absoluta, la operativa se canalizó a través de la sociedad Laterne, dirigida por un viejo amigo del vicealcalde Grau. Esta mercantil recibía fondos de empresas contratistas de servicios del Ayuntamiento y también pagos de fundaciones municipales. Esos fondos, que debían ir a fines sociales y de interés público, se destinaban después al partido, recoge el instructor.
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Para los comicios de 2011, y dado que el entramado de empresas alrededor de Laterne había desaparecido tras la muerte de su propietario, Grau contactó para la campaña electoral con otra empresa, Trasgos, con un precio pactado de 170.000 euros, de los que se pagaron 167.678. Sin embargo, a partir de julio de 2010 y en una libreta bancaria manuscrita de García Fuster, empiezan a aparecer unas anotaciones bajo la denominación de “aportaciones CyA”, ingresos en efectivo realizados en la cuenta por ella misma. En total, unos 116.000 euros. En su declaración, García Fuster aseguró que ese dinero procedía de simpatizantes del PP, que entregaban a un recaudador cuyo nombre se negó a desvelar.
Además, durante el periodo investigado se constató que el Grupo Municipal del PP de Valencia disponía de dos cuentas bancarias diferentes; en la primera se depositaban las dotaciones económicas establecidas por la ley de bases de régimen local, con ingresos y gastos derivados de los cometidos propios del grupo político; y la segunda, que se mantenía “deduciblemente”, señala el auto, al margen de la contabilidad del PP. Los saldos bajaban sustancialmente después de los periodos electorales.
