La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves declarar en desacato al Congreso a Steve Bannon, influyente asesor de Donald Trump, por desafiar una citación de la comisión que investiga el violento asalto al Capitolio del 6 de enero. Con mayoría demócrata, la Cámara sacó adelante la resolución por 229 votos a favor contra 202. Nueve republicanos rompieron filas y votaron con los demócratas. Nueve meses después del ataque por un turba enfurecida al Congreso cuando se certificaba la victoria de Joe Biden, la división partidista sigue lastrando las pesquisas.
A Bannon se le sospecha en posesión de importante información que explicaría lo sucedido aquel día y establecería responsabilidades. Los legisladores quieren recabar el testimonio de Bannon ya que el día antes de que se produjese el ataque el ultraderechista manifestó en su programa de radio que ese día se desataría “el caos”. “Si hubiera una revolución sería en Washington”, dijo el fundador de Breitbart, medio de comunicación que fue fundamental para impulsar a Trump a la presidencia.
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Tras recibir la citación de la comisión, Bannon se excusó para no comparecer alegando la demanda presentada por Trump para evitar que ciertos documentos relacionados con los hechos ocurridos vean la luz, pidiendo al comité que posponga su comparecencia hasta que la Justicia falle, algo que la comisión ha rechazado. Los congresistas del panel investigador aseguran que actuarán decididamente y con presteza para castigar a quienes no cooperen. “No permitiremos que nadie descarrile nuestro trabajo, ya que es de vital importancia”, dijo Bennie Thompson, presidente del panel, antes de la votación.
Para los republicanos, la labor de la comisión impulsada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es una “cacería de brujas”, además de “una pérdida de tiempo”, y argumentan que el Congreso debería concentrarse en asuntos más importantes. Para Jim Banks, que encabezó la oposición republicana en el debate, las pesquisas son “una investigación criminal ilícita a ciudadanos estadounidenses”. “Según informes publicados, Bannon tenía conocimiento específico sobre los hechos del 6 de enero antes de que ocurrieran, desempeñó múltiples papeles relevantes para el ataque y fue muy claro al respecto”, dijo Pelosi.
El siguiente paso a dar queda en manos del Departamento de Justicia, que debe decidir si adopta medidas contra Bannon, que podrían resultar en una multa y pena de cárcel de hasta un año en prisión. Aún así, la maniobra demócrata sería más una advertencia a navegantes que de llevar en realidad a Bannon ante la justicia, ya que ese proceso duraría años. Solo existen otros dos casos en los que se haya imputado a alguien por desacato al Congreso, y uno de ellos es de la época del macartismo, en los años cincuenta.
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En ese sentido, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha declarado este jueves que el Departamento de Justicia revisará cualquier documento que se le envíe, aunque no dio pistas sobre la decisión que tomarán. “El Departamento de Justicia hará lo que siempre hace en tales circunstancias, estudiará los hechos y aplicará la ley para luego adoptar una decisión coherente con los principios de los enjuiciamientos”, dijo Garland en una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.
La semana pasada, en respuesta a la pregunta de un reportero, Biden dijo que esperaba que el Departamento de Justicia decidiera procesar a Bannon tras ser declarado en desacato. Su declaración generó críticas de los republicanos que argumentaron que mostraba que la investigación estaba siendo politizada. Justicia tampoco recibió con agrado las palabras del presidente y emitió un comunicado en el que aseguraba que revisaría el caso sin tener en cuenta la presión política. “El Departamento de Justicia tomará sus propias decisiones independientes en todos los enjuiciamientos basándose únicamente en los hechos y la ley. Punto final “, dijo el pasado viernes el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley.
