José Carlos González, de 65 años, se jubiló hace unos meses. Era profesor de Formación Profesional. Lo intenta, pero es incapaz de recordar el nombre oficial del grado que impartía. Está como desorientado, tiene los ojos encharcados y acumula restos de ceniza en las orejas. “Llevo días llorando como un machango (un niño), pero el bajón de ayer fue demasiado y he tenido que venir al psicólogo”, cuenta en la puerta de la Casa Massieu, la oficina de atención a los damnificados que se ha montado en el sur del municipio de Los Llanos de Aridane, en La Palma. Tiene una obsesión: cada noche cuando se acuesta recorre mentalmente cada rincón de su casa, las estanterías de madera que talló él mismo, la cuna de su nieto, los objetos de su salón. Hace tres semanas que la lava trituró su vivienda, de 380 metros cuadrados.
El trabajo de toda una vida. “Mi casa era mi mundo, con mis aguacates. El maldito volcán ha acabado con todo en un momento”. Como él, 300 familias han pasado ya por este lugar para solicitar una nueva vivienda al Gobierno canario, bien porque han perdido su casa o porque han sido evacuadas. Otras muchas más han acudido a esta oficina desde donde se centralizan también otro tipo de ayudas, desde las económicas al apoyo psicológico.
La recepción de los que llegan a contar su historia se hace con mimo. El centro de operaciones es un antiguo caserón con un patio interior por el que suben escaleras y pasajes de madera. Todo muy amplio y con mucha luz natural. En la sala de espera, rostros de derrota, de falta de energía vital. Las trabajadoras sociales salen a recibirles y les acompañan hasta habitaciones donde podrán hablar sin que nadie les escuche. Lo primero siempre es preguntarles cómo están y, si rompen a llorar o no pueden expresarse, hay un grupo de psicólogas que les atienden allí mismo.
Esther Cabrera, de 60 años, es una de las trabajadoras sociales. “Están en una situación inestable de indefensión. Ves en su mirada que cuando tienen que hablar les cuesta, tienen que respirar. Intentamos que se cree una conversación, que no se convierta en un interrogatorio”. Su compañera Carolina Torrero, de 48, cuenta que muchos de los que llegan ―ya han entrevistado a 300 familias de un total de 7.000 personas evacuadas― construyeron sus casas con sus manos. “Estaban asentados y empezaban a disfrutar de la jubilación. Se han quedado descolocados”.
Ese recorrido mental que hace José Carlos tiene una explicación. “Es la negación del duelo, son incapaces de despedirse de ello y lo recorren mentalmente. No pueden aceptarlo, les duele demasiado”, explica Laura Uriarte, psicóloga de la oficina. Para levantarles el ánimo les cuenta cómo sus antepasados levantaron casas después de antiguas erupciones, les recuerda que hacer muebles de madera va con ellos, que es casi un rito familiar que ha pasado por varias generaciones. “Al fin al cabo, viven en una isla volcánica”, reflexiona.
Un equipo de 15 trabajadoras sociales se creó ex profeso para hacer frente a esta situación y se le encomendó dos misiones contra reloj. Por un lado, entrevistar a todas las familias que hubiesen perdido su vivienda habitual ―no segundas viviendas o destinadas a uso turístico― para crear una “ficha social” en la que se recogiese toda la información sobre su situación previa y actual: las características de su casa, si perdieron algún otro bien como una finca agrícola (el 30% de los ingresos de la isla provienen de ese sector), la sede de un negocio propio, vehículos… o cuestiones relacionadas con sus deseos, como dónde les gustaría que se ubicase su casa definitiva. Un cuestionario de unos 10 folios y con una duración de una hora. La otra tarea era el diseño de un baremo que otorgase una puntuación a cada una de esas casuísticas.
El Gobierno de Canarias ya tiene lista la guía que establece las prioridades para la entrega de las 18 primeras viviendas a los vecinos de La Palma que han perdido sus casas por la erupción del volcán. “La idea es que con datos muy objetivos podamos medir la necesidad de cada familia, el baremo ya ha sido revisado por la comisión técnica”, explica a este periódico Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, el órgano encargado de realizar esta tarea.
No son apartamentos definitivos: se entregarán a finales de la próxima semana en régimen de alquiler ―con una bonificación del 90% al 100%― por un periodo de tres años, hasta que se levanten las viviendas permanentes. Se trata de edificios que nunca han sido habitados, comprados por el Gobierno de Canarias ―a través de la empresa pública de vivienda Visocan― a bancos, fondos de inversión y particulares. Trece de las viviendas están en el municipio de Tazacorte, en el suroeste de la isla, y cinco en Fuencaliente, al sur.
El baremo consiste en un total de 600 puntos que se dividen en tres bloques, el de mayor peso es el que se refiere a la vivienda. Se valora si esa familia tiene una alternativa habitacional, si ha encontrado un alquiler y cuántos meses puede hacer frente al pago, o si ha tenido que acudir a uno de los hoteles puestos a disposición de los damnificados por el Gobierno canario. En este apartado, se tendrá en cuenta, por ejemplo, si la alternativa que se ha encontrado de vivienda es inestable porque el préstamo tiene un límite de tiempo o si hay hacinamiento de varias familias en una misma vivienda, entre otras situaciones.
Todo puntúa. En segundo lugar, se analizan los ingresos de la unidad familiar, datos que se cruzan con otras administraciones como la Agencia Tributaria. En tercer y último lugar, se hace una radiografía de la situación social, si hay alguna persona dependiente, con discapacidad funcional, el número de hijos, si hay alguna mujer embarazada, si la familia tiene alguna persona mayor a su cargo, o si se trata de una víctima de violencia machista, entre otros aspectos.
De momento, se han detectado 159 familias que han perdido su única vivienda tras haber sido engullida por la lava. Un número que, según indicó esta semana el consejero de obras públicas, Sebastián Franquis, se incrementará en las próximas semanas. Además de las 18 primeras viviendas, se comprarán 46 en Fuencaliente y otras 29 en Los Llanos, a las que se sumarán otras 23 en El Paso y siete que son propiedad del Instituto Canario de Vivienda. Un total de 125 se entregarán antes de final de año. Además, se van a instalar 200 viviendas modulares prefabricadas de madera en un terreno cedido por el Ayuntamiento de El Paso. Para costear estas adquisiciones, el Ejecutivo canario ha destinado 10 millones de euros a los que se suman los 224 transferidos por el Gobierno central (de los que 20 se destinarán a vivienda).
Otra compañera del equipo de trabajadoras sociales, Maeva Pérez, 40 años, está sorprendida porque está viendo que muchos están tremendamente dolidos por lo que han perdido sus vecinos. “Esta parte de comunidad rota les afecta, tienen un vínculo emocional muy fuerte, es una forma de vivir que caracteriza a esta isla”. Maeva hace algunas pausas y respiraciones. Ellas también empiezan a notar el desgaste.
Casi todos expresan que quieren vivir con sus mismos vecinos. “El territorio es limitado y no está claro si se va a poder construir encima de la lava. Ahora nos adelantamos y les preguntamos en qué escenario se ven cuando llegue la fase de reconstrucción, es como una carta a los reyes magos”, apunta la jefa, Candelaria Delgado. Elena Jerónimo es la coordinadora del equipo de trabajadoras sociales. “Aquí contribuimos a aliviar su dolor, a mirar al futuro con esperanza, a diseñar y soñar una nueva realidad donde se pueda seguir disfrutando de una isla mágica y prospera”.
José Carlos y su mujer están en casa de un familiar que, hasta ahora, alquilaba a turistas. Está tan sobrepasado que lleva un zapato de cada. No se dio cuenta al salir. “Yo pido que me den una casa terrera ―como se llama en la zona a las viviendas de una planta con zona de jardín―, no de 400 metros, pero pequeñita. No me veo viviendo en un piso y mi mujer hace su vida con las vecinas, somos como una familia… si no me queda otra tendré que aceptar uno de esos pisos”, dice.
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