Una es que se supervisa mucho más a los ciudadanos pobres que a los que evaden y eluden impuestos. Parece que hay un derecho a hurgar en las vidas de quienes piden ayudas públicas y que sus datos pueden recopilarse sin pudor. La tecnología ha creado una asimetría brutal en la vigilancia y el control de riesgo: presupone que los que menos tienen son más egoístas, menos cuidadosos con el gasto, que van a atender peor a sus hijos y a exprimir al sistema en cuanto puedan.
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