Sin mostrar las pruebas de cargo en público, el Ministerio de Defensa de Israel, que controla la ocupación de los territorios palestinos desde 1967, ha declarado como organizaciones terroristas a seis de las principales ONG defensoras de los derechos humanos en Palestina. La decisión, de la que aparentemente no fueron prevenidos todos los socios de la amplia coalición en el poder, representa un vuelco tras los primeros cuatro meses de moderación y cooperación con los palestinos del llamado “Gobierno del cambio”, que puso fin a la era del primer ministro conservador Benjamín Netanyahu. La medida ha coincidido además con la aprobación de planes para construir más de 4.000 viviendas para colonos israelíes en los asentamientos de Cisjordania, por primera vez desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
Entre las ONG sobre las que pesa la amenaza de ser ilegalizadas y de dejar de recibir fondos de la cooperación internacional destaca Al Haq, especializada en asuntos internacionales y que actúa como consultora de la ONU. Otra de ellas es Addameer, que ofrece asistencia legal a miles de presos palestinos en cárceles israelíes, y que también suele ser consultada como fuente fiable por diplomáticos occidentales y periodistas extranjeros. Estas organizaciones, junto a otras de defensa de los derechos de los niños, las mujeres o los campesinos, gozan de reputación internacional desde hace décadas. Israel las acusa con informes reservados de espionaje del Shin Bet (servicio de seguridad interior) de apoyar y financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), partido de izquierda minoritario calificado como terrorista. A una organización similar a estas pertenece la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, encarcelada desde hace seis meses a la espera de juicio militar.
Washington ha solicitado “aclaraciones” a Israel sobre la controvertida decisión, rechazada de plano por ONG de prestigio como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por su parte, B’Tselem, una de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos en Israel, denuncia que el Gobierno pretende silenciar, “en una acción característica de los Estados totalitarios”, a asociaciones con las que colabora. Desde Bruselas crece la inquietud ante estas medidas y el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, ha anunciado que “examinará muy de cerca” una decisión de Israel dirigida contra organizaciones que “promueven el derecho internacional, los derechos humanos y los valores democráticos”.
En medio de la complejidad de su fragmentado Gobierno, Israel puede haber entrado en un rumbo antidemocrático que le lleve a considerar como terroristas todas las formas de resistencia palestina a la ocupación, incluidas las pacíficas. El ministro de Defensa, el exgeneral Benny Gantz, ha actuado ahora como juez y parte contra unas ONG de la sociedad civil cuyo vital trabajo cotidiano es la mejor expresión de la vigencia del asimétrico y cruel conflicto entre israelíes y palestinos.
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