Las tres gracias ya no presiden el acceso principal a la Ciudad de la Justicia de Valencia. La escultura de dos metros se desmontó y se retiró hace unas semanas. En su origen, fue una obra de pequeño formato de madera y porcelana realizada en 1986 por Gerardo Rueda (1926-1996). En su reproducción, 10 años después de la muerte de su creador, crecieron sus dimensiones y cambiaron sus materiales por el bronce y el acero.
Lo mismo sucedió con otras piezas atribuidas al artista de una polémica compra, y otra donación posterior, que a partir de este martes sienta en el banquillo de los acusados a Consuelo Ciscar, directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) entre 2004 y 2014; a Juan Carlos Lledó, su mano derecha en el museo, y a José Luis Rueda, el hijo adoptivo y heredero del que fue uno de los fundadores del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.
La Audiencia de Valencia juzga a la primera como autora y a los otros dos como cooperadores necesarios de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos. El IVAM dirigido por Ciscar compró en 2004 y 2006 por 2,9 millones de euros ocho obras de Rueda como si fueran originales y, vinculadas con sendas adquisiciones, recibió dos donaciones, primero de 13 piezas, y luego de 77. José Luis Rueda fue el vendedor y el donante del conjunto total de 98 obras.
Además, el museo desembolsó 512.524 euros para que la Fundición Capa materializara 53 de esas obras a partir de maquetas, principalmente, porque en el momento de la compra y donación no existían. Diez años después de la operación, 31 obras no habían llegado aún al museo, por lo que fueron reclamadas en 2015 por su nuevo director, José M. Cortés. El centro valenciano, uno de los principales museos de arte moderno y contemporáneo de España, también gastó 719.987 euros en la promoción y organización de siete exposiciones sobre la depurada y constructivista obra de Gerardo Rueda. En total, invirtió 4,1 millones en toda una operación que está en tela de juicio.
La juez de instrucción concluyó que existen indicios racionales de criminalidad por los delitos señalados. Las acusaciones consideran que se trata de un fraude con el objeto de enriquecer al heredero y afirman que las obras no son originales, sino reproducciones o copias con un escaso valor, cercano al 10% de los que se pagó, según la estimación de varios peritos. Las defensas inciden en que las obras son originales, que su valor en el mercado es mucho mayor, como atestiguan sus propios tasadores, y que José Luis Rueda tenía la potestad y el permiso manifiesto de reproducir y cambiar escalas y materiales, según consta en los diferentes escritos de las partes a los que ha tenido acceso este periódico.
La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat piden seis años de cárcel para Ciscar, cinco y medio para Lledó (que fue el responsable financiero del museo) y cinco para Rueda. Además, los acusados deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, al IVAM en 3.456.876 euros (la suma de la compra y de la fundición). La acusación popular, representada por Acción Cívica contra la Corrupción, eleva la pena a 12 años de prisión y la responsabilidad civil, a 4,1 millones.
Ciscar, de 76 años, ya fue condenada el pasado agosto a año y medio de prisión —admitió su responsabilidad en una sentencia de conformidad— por prevaricación y malversación al usar los recursos del museo para favorecer la carrera artística de Rablaci, el hijo de la exdirectora y del exconsejero del Gobierno valenciano del PP, Rafael Blasco, quien pasó tres años y siete meses en prisión por saquear las ayudas a la cooperación internacional.
El nombre de Gerardo Rueda acaparó también los titulares de los medios de comunicación cuando este periódico desveló en 2013 una serie de correos electrónicos, como el que José María Aznar envió el 18 de septiembre de 2008 a su amigo Miguel Blesa, entonces al frente de Caja Madrid. En el mensaje intercedía por José Luis Rueda, que ofrecía a la entidad financiera una parte de su colección de arte y otra en préstamo a cambio de 54 millones de euros para crear un gran museo dedicado al artista preferido, según él mismo reconoció, del presidente de Gobierno del PP entre 1996 y 2004.
El director de la Fundación Caja Madrid, a la sazón Rafael Spottorno, luego jefe de la Casa del Rey, clamó que el precio era disparatado. El proyecto nunca prosperó pese a que se llegó a bajar el coste a seis millones de euros. Aznar y Ciscar coincidieron en Roma en una exposición en 2009 dedicada a Gerardo Rueda con una parte de fondos del museo valenciano.
Una larga relación
La relación entre la exdirectora del IVAM y José Luis Rueda se remonta a octubre de 2004. El hijo adoptivo envió entonces una carta a Ciscar ofreciéndole la compra de la obra El gran relieve por 360.000 euros. Allí le decía que el artista la había creado ex profeso para la exposición del IVAM de 1996, aunque la original la había donado al Museo Reina Sofía de Madrid dos años antes, en 2002. En otra misiva, José Luis Rueda alude a su intención de donar 13 obras al IVAM: “Esta donación (…) va condicionada a la compra de El gran relieve (…)”. Dos meses después, el IVAM compró la pieza por el precio pedido y pagó antes de recibirla.
Un informe de la Intervención de la Generalitat de 2015 y un anónimo pusieron en el punto de mira de la Fiscalía y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional la convulsa etapa de Ciscar al frente del museo. En su escrito, la Fiscalía asegura: “Entre los años 2004 y 2011, los acusados Consuelo Cicar Casabán y José Luis Rueda Jiménez urdieron un plan al margen de la Presidencia y del Consejo Rector del Instituto, consistente en desviar parte de los fondos públicos que recibía el museo y que se encontraban afectos al cumplimiento de sus fines, en la adquisición de distintas obras de arte como si fueran originales del artista Gerardo Rueda Salaberry, fallecido el 25 de mayo de 1996.
Cuando en realidad se trataban de reproducciones póstumas con un valor muy inferior al establecido por el vendedor y abonado por el IVAM”. En su momento, Ciscar estimó el valor de todas las donaciones de la obra de Rueda en 24,3 millones.
Frente a la tesis incriminatoria se alzan las defensas de los investigados, exponiendo la tesis exculpatoria, “según la cual y aceptando que las adquisiciones se produjeron con el precio indicado y a través de los expedientes indicados no pudo existir engaño alguno, puesto que era conocido en el IVAM la verdadera naturaleza de las obras que se adquirían, con independencia del tenor literal de los contratos; así como que estas eran —en su criterio— ‘originales’ del artista Gerardo Rueda, y se adquirían de quien era su verdadero propietario”, recoge la Audiencia de Valencia en su auto de rechazo de los recursos de CIscar y Rueda contra la actuación final de la juez instructora.
La defensa de Ciscar también abunda en que las reproducciones de Rueda son tan originales como las esculturas de Julio González (uno de los pilares de la colección del IVAM) que se realizaron después de su muerte. Los magistrados de la Audiencia responden que no existen “datos fácticos suficientes que permitan establecer términos que hagan equiparables las dos situaciones” e incide en que no se está analizando la conducta desde el punto de vista artístico “sino la adquisición en un expediente administrativo y con dinero público de unas determinadas obras que impedían conocer la verdadera naturaleza y estado de las obras que adquirían y se pagaban antes incluso de haber sido entregadas”.
El juicio se celebra en la Ciudad de la Justicia, que antes presidía Las tres gracias, del 3 al 23 de noviembre. Están llamados a declarar como testigos y peritos numerosos expertos del mundo del arte, entre ellos el exministro de Cultura, José Guirao.
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