En una carta, 40 miembros del Congreso Congreso de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la afectación de las políticas energéticas para sus inversionistas, trabajadores y las metas medioambientales fijadas para reducir el cambio climático, así como de un intento por parte del Gobierno de México por atentar contra el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
“La abrumadora lista de acciones discriminatorias hace tiempo que pasó el punto de “simplemente” plantear serias preguntas sobre los compromisos del presidente López Obrador con la letra y el espíritu del T-MEC. De hecho, sugieren que el gobierno mexicano está intentando de manera proactiva promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el Tratado”, sentenciaron.
La misiva está dirigida a la representante comercial estadounidense, Katherin Tai, y los secretarios del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken, de Comercio, Gina M. Raimondo, y de Energía, Jennifer M. Granholm.
En la carta, los legisladores de Estados Unidos afirmaron que los objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar trato preferencial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van en “contradicción con el T-MEC, que negoció y firmó su propia Administración”.
“Su administración y su partido (Morena) han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente. Como tales, también son perjudiciales para la inversión estadounidense, los trabajadores estadounidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, todos los cuales son conceptos protegidos por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)”, se lee en la carta.
Los miembros del Congreso señalaron que en las últimas semanas se han intensificado las acciones discriminatorias y arbitrarias, en lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad para obstaculizar, y en algunos casos, bloquear por completo la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México.
Recordaron que el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y cierres parciales de otras 17.
“Estas acciones son solo las últimas de un esfuerzo amplio y arrollador destinado a sofocar la competencia del sector privado”, agregaron.
Abundaron que las autoridades fiscales en México, el SAT, modificaron las Reglas Generales de Comercio Exterior, prohibiendo a las empresas obtener o renovar los permisos de tres años que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos.
Apuntaron que el SAT suspendió en julio a 82 empresas del comercio de combustibles por presuntas violaciones fiscales.
“Mientras tanto, solo entre el 20 de diciembre de 2020 y el 15 de julio, la Secretaría de Energía de México canceló mil 866 permisos para la importación y exportación de gasolina, diesel, gas LP, jet fuel, fuel oil y crudo. Al 20 de septiembre, solo 97 de los mil 954 permisos otorgados a empresas privadas estaban activos en México”, señalaron.
En 2019, previo a la pandemia, la industria del petróleo y el gas natural respaldó directa o indirectamente 11.3 millones de puestos de trabajo en el vecino país al norte y tuvo un impacto económico nacional de casi 1.7 billones de dólares.
En 2020, México fue el mercado de exportación más grande de productos petrolíferos de Estados Unidos, representando el 12 por ciento de todas las exportaciones, así como un mercado en crecimiento para el gas natural.
Además, apuntaron que según los planes de expansión de la CFE y el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico de Energía (Prodesen) el gobierno mexicano reconoce que no cumplirá con sus metas de generación de energía limpia.
En 2024, solo el 32 por ciento de la matriz eléctrica de México tendrá fuentes limpias, por debajo del 35 por ciento que México se había comprometido para ese año.
“Favorecer a Pemex también podría hacer que México viole el IMO2020 de la Organización Marítima Internacional y otros compromisos ambientales internacionales, debido al alto contenido de azufre en el fueloil de Pemex. CFE también ha reconocido su elección de utilizar este mismo fuel oil sobre gas natural en plantas de energía cercanas a las ciudades más grandes del país, como en la planta de Tula que proporciona hasta el 20 por ciento de la electricidad de la Ciudad de México”, advirtieron.
En este sentido, los 40 miembros del Congreso pidieron a la embajadora Katherine Tai una respuesta oportuna y clara.
“La instamos a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado, como lo prevé el T-MEC “, concluyeron.
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