El presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, cumple este lunes un año de Gobierno en medio de una enorme polarización. El mandatario tuvo serias dificultades para presentar el informe de su gestión, en medio de los abucheos y silbidos de los parlamentarios opositores. Además, una coalición de fuerzas opositoras y sindicatos inició un paro indefinido en contra de una ley aprobada hace meses por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), mayoritario en la Asamblea Legislativa. El paro se empezó a notar sobre todo en Santa Cruz, en el oriente del país.
Entre los organizadores de la huelga indefinida están los comités cívicos regionales, que tuvieron un papel protagónico en el derrocamiento del presidente Evo Morales, jefe de MAS, el 10 de noviembre 2019. Pero el sector que ocupa la primera línea es el de los “gremiales”, que son los comerciantes informales que distribuyen la mercancía importada legal o ilegalmente en cientos de mercados por todo el país. También se han sumado algunos sindicatos de transportistas y los médicos, confrontados con los gobiernos del MAS desde hace años. Estos últimos no dejarán de trabajar.
Los “gremiales” y sus aliados exigen la derogación de una ley que establece una “estrategia en contra de la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”. Esta norma incorpora cambios en el Código Penal y la aprobación de otras leyes específicas para mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Los empresarios de la economía informal se oponen a que se investiguen de manera más libre y amplia sus cuentas y movimientos bancarios. Así lo han expresado también las cooperativas mineras, que tienen mucho poder de movilización, pero que hasta ahora se han mantenido al margen del conflicto.
Los empresarios regulares también simpatizan con esta postura. Unos y otros argumentan que la imposición de más controles y la ampliación de las atribuciones de los investigadores aumentarán la inseguridad de las inversiones y el trabajo comercial y empresarial, mientras que la oposición política acusa al Gobierno de querer usar las nuevas leyes para “incrementar la persecución política”.
Los principales medios de comunicación han amplificado las sospechas de la oposición, cuyos grupos más radicales afirman que Arce está tomando un rumbo “dictatorial” y que sigue los pasos de los gobiernos socialistas de Venezuela y Cuba. Como resultado, las dudas sobre la estrategia gubernamental contra el lavado de dinero se han masificado y se expresan sobre todo en las clases medias, que son antagonistas del Gobierno, pero también en los sectores populares, tradicionales votantes del MAS.
“La ley 1386 vulnera varios preceptos constitucionales, atenta contra la propiedad privada y faculta al Estado a intervenir, a simple sospecha, las cuentas bancarias y las comunicaciones personales, y a abrir procesos contra cualquier ciudadano, todo al margen de las leyes”, publicó la Gobernación de Santa Cruz, dirigida por Luis Fernando Camacho, el principal líder de las protestas que antecedieron al derrocamiento de Evo Morales hace dos años. “En manos del Gobierno masista es un arma más para presionar y perseguir a quienes no nos arrodillamos ante su régimen autoritario”, añade la publicación.
Los técnicos del Gobierno se han esforzado por desmentir estas acusaciones. Señalan que su intención ha sido actualizar la legislación contra los delitos financieros, para que Bolivia no sea observada y sancionada por los organismos internacionales que se ocupan de combatirlos. Aseguran que no afectará a los gremiales o los transportistas, ya que está orientada en contra de los criminales que aprovechen el sistema financiero y las actividades económicas legales para legitimar los resultados de sus fechorías. Y que no autoriza la interceptación de llamadas telefónicas.
El presidente Arce tuiteó que el paro afecta a la economía y a la reactivación económica. “Hace un año que estamos reconstruyendo la economía en unidad y la derecha le tiene miedo a esa unidad del pueblo boliviano. ¡Bolivia no para!” Y colocó imágenes de las resoluciones de los sindicatos que decidieron desoír el llamado a entrar en huelga.
Este lunes, mientras Santa Cruz estaba bastante afectada por el paro y los bloqueos de calles, La Paz, El Alto y otras ciudades del occidente del país desarrollaban sus actividades con normalidad, aunque hubo algunos bloqueos y marchas. Algunos analistas consideran que no es un buen momento para que la oposición tome una medida tan drástica y difícil de mantener, en un momento en que la mayoría de la población necesita trabajar para reponerse de la crisis económica causada por la pandemia.
Arce presentó el informe de su gestión de un año en la Asamblea Legislativa mientras los parlamentarios opositores usaban silbatos y lo abucheaban, mientras que los oficialistas aplaudían y gritaban consignas favorables al Gobierno. La bulla hacía difícil escuchar al presidente boliviano. No es la primera sesión de este tipo que se produce en la Asamblea. El fin de semana pasado hubo una gresca entre los representantes de la oposición a causa de la elección de directivas. Y el 6 de agosto pasado, el discurso de Arce por las efemérides patrias se pronunció a gritos y en medio de constantes interrupciones.
El MAS también convocó a sus simpatizantes a tomar las calles para impedir la desestabilización del Gobierno por parte de las “fuerzas golpistas”, como llaman a los comités cívicos. Además, tenía previsto movilizarse este 10 de noviembre, cuando se cumple el segundo aniversario de la caída de Morales, después de un paro de iguales características que el actual, pero en contra de un supuesto fraude oficialista en las elecciones de 2019. Bolivia se encamina hacia los días más tensos y polarizados desde que Arce comenzara su Gobierno prometiendo lograr la reconciliación de los bolivianos.
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