“Ahora sí habrá gobierno progresista”. La noche del 10 de noviembre de 2019 el presidente en funciones, Pedro Sánchez, proclamó apresurado que esta vez sin forcejos ni pulsos, habría gobierno. Necesariamente de coalición. Una novedad en España que no se daba desde la II República. Le faltó añadir que la celebración de elecciones a seis meses de las anteriores solo habían producido más fragmentación, con una subida imponente de la ultraderecha, batacazo del partido que aspiraba a ser el fiel de la balanza, Ciudadanos, y bajada para la izquierda. Este fue el fruto de la incapacidad de los partidos que tuvieron en su mano formar gobierno. Aquellas elecciones marcaron el nacimiento de las coaliciones, llegadas para quedarse; a la izquierda y a la derecha.
En la noche electoral del 10 de noviembre de hace dos años el ganador, Pedro Sánchez, no estaba eufórico. Los resultados no habían sido los previstos por lo que urgía un acuerdo rápido con Unidas Podemos. El pacto de coalición no suponía un giro de extremada brusquedad en sus contenidos. La discusión actual sobre la reforma laboral forma parte de la discusión de los socialistas desde que fuera aprobada la de 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. Derogación íntegra, supresión de las partes más dañinas para los trabajadores, un nuevo Estatuto de los Trabajadores… Estas son algunas de las variaciones sobre el mismo tema que ha hecho el PSOE en los últimos años, antes de que Unidas Podemos formara parte de su vida.
La decisión tras la toma de posesión del Gobierno en enero de 2020 fue imprimir un ritmo potente a las reformas. El crecimiento económico era saludable, las expectativas eran de continuidad; buen momento para comenzar las reformas e inyectar al sistema dosis significativas de políticas sociales, mientras se crecía.
El Gobierno tomó posesión en enero y se preparaba para impresionar con sus ambiciosos planes. Solo ocho semanas después, cayó sobre España la pandemia de la covid. El mundo se paró. La lucha contra la epidemia era el único objetivo en medio de la oscuridad y la falta inicial de recursos. De estos 24 meses quedan algunas certezas, como es la necesidad de un Estado con sólidos cimientos públicos. Otra, de orden político interno, es la liviandad de los cargos públicos cuya fortaleza les viene exclusivamente del presidente del Gobierno, hasta que decide dejarlos caer. La certeza de futuros años con gobiernos siempre de coalición está bien apuntalada.
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