La defensa de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, que fue declarada culpable el miércoles por un tribunal militar israelí tras un acuerdo para ver rebajada su condena, ha pedido a la jurisdicción castrense que aclare que ella no ha reconocido haber colaborado con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), calificado como terrorista. Dos ministros de Israel, el titular de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, y el de Defensa, Benny Gantz se ampararon en el acuerdo para incriminar a varias ONG palestinas que han sido recientemente ilegalizadas. En un comunicado conjunto, ambos ministros afirmaron que Ruiz “admitió haber recaudado fondos para el FPLP” y “confesó que (ese partido) utilizaba a las ONG proscritas”.
“Esas afirmaciones son completamente falsas, ya que ni el tribunal ni la fiscalía han investigado esos hechos, que no han sido admitidos por la encausada”, ha alegado el abogado de Ruiz, Avigdor Feldman. “Se interpretan más bien hechos contenidos en los antecedentes (…) y que fueron incorporados al acuerdo en el último momento sin mencionar a la acusada”, sostiene el letrado. Espera que se produzca la aclaración judicial antes de que se dicte la condena el día 17.
Juana Ruiz, de 63 años, fue detenida hace siete meses en su casa próxima a Belén (Cisjordania) bajo la acusación de colaborar con una organización ilegal, como empleada de la ONG sanitaria Comités de Trabajo para la Salud. Por razón de su residencia está sujeta a la jurisdicción castrense que rige bajo la ocupación israelí para los palestinos.
“Yo siempre pensé que trabajaba para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué en algo. Espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer daño”, cerró su declaración Juana Ruiz ante en el tribunal militar de Ofer, próximo a Ramala (Cisjordania). Tenía las manos esposadas y llevaba grilletes en los pies.
Su defensa pretende que la justicia castrense deje claro ahora que la fiscalía aceptó un trato: que los antecedentes del acuerdo no guardan ninguna relación con la acusada, como han asegurado después los dos ministros israelíes. “No se menciona en absoluto a la procesada en absoluto, que no reconoce tener conocimiento sobre la actividad del FPLP en Cisjordania y que tampoco sabía que el dinero (donado a la ONG para la que trabajaba) pudo ser transferido al FPLP”, recalca su abogado.
Feldman Apunta además que a que la incorporación posterior del capítulo de antecedentes tuvo como objetivo “sostener la falsa declaración oficial contra la acusada”. Considera, en suma, que la manipulación del proceso legal arroja sombras que “pueden socavar la independencia del tribunal militar respecto a las autoridades militares”.
La ONG humanitaria israelí B’Tselem acusó a los ministros de Exteriores y Defensa de intentar manipular el acuerdo legal negociado por Ruiz “para incriminar a las organizaciones de la sociedad civil palestina”. “No han aportado ninguna prueba antes”, precisó B’Tselem, “y ahora pretenden justificar con este caso su decisión de clausurar y silenciar esas asociaciones”.
El letrado advierte en particular sobre la gravedad de las consecuencias jurídicas de no aclarar y rectificar el contenido del acuerdo pactado con la fiscalía. “El comunicado de los ministros Lapid y Gantz, en el que se cita a la encausada con nombre y apellidos, puede ponerla en peligro de ser penalmente perseguida en España o en otros países al ser designada como militante destacada del grupo terrorista FPLP”, concluye.
Juana Ruiz admitió los cargos de “colaborar con una organización ilegal” (en referencia a los Comités de Trabajo para la Salud, ONG también declarada proscrita), y “tráfico de divisas”, a cambio de una previsible una sentencia a 13 meses de cárcel y una multa de unos 14.000 euros, una condena relativamente leve para un caso de seguridad con supuestas vinculaciones con el terrorismo.
Pero sobre todo para acortar su estancia en una prisión reservada a mujeres activistas palestinas en el norte de Israel donde en siete meses solo ha podido recibir dos visitas familiares en la cárcel, mantener media docena de encuentros con los representantes consulares españoles y hacer una llamada telefónica. Estos procesos bajo la jurisdicción castrense israelí pueden prolongarse durante años y tienen un muy elevado índice de condenas. Según la memoria anual de los tribunales militares israelíes, en 2011 alcanzó el 99,74%.
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