La oposición desconfía de cualquier diálogo con el peronismo. En el fragor de la noche electoral, el presidente, Alberto Fernández, llamó a sus detractores políticos a discutir en el Congreso “un plan económico plurianual”, una exigencia que el Fondo Monetario Internacional pone para discutir un nuevo cronograma de pagos de la deuda que arrastra el país sudamericano. Pero los líderes de Juntos por el Cambio, la alianza que ganó las legislativas del pasado domingo, han puesto condiciones. Exigen, sobre todo, que quede claro que cualquier plan a mediano plazo debe tener el visto bueno de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, árbitro en las luchas que dividen a la coalición de Gobierno. Quieren también un gesto político: que el peronismo admita que el domingo perdió las elecciones de medio término y desista de las exhibiciones de triunfo.
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En medio de las celebraciones en la Casa Rosada, Fernández lanzó la propuesta de diálogo. Juntos por el Cambio no se decide a aceptar lo que considera un dardo envenenado de un Gobierno debilitado. Pero quedan aún dos años de gestión peronista, y la posibilidad cierta de que la crisis se salga de su cauce puede agriar cualquier proyecto de volver al poder en 2023, cuando se celebrarán las presidenciales. Está además la amenaza de la ultraderecha, que aupada por el descontento y voto de los más jóvenes estará por primera vez en el Congreso con cinco legisladores.
“No hubo ninguna convocatoria formal al diálogo. No entendemos el mensaje del Gobierno”, dijo el lunes el titular de la UCR y miembro de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo. El exgobernador de Mendoza fue uno de los portavoces de una reunión de urgencia en la que los líderes opositores analizaron la oferta del Gobierno. “La convocatoria fue bastante ambigua, no sabemos qué tipo de acuerdo buscan ni que tipo de acuerdo habrá con el FMI. Convocan a la oposición, pero antes tienen que ponerse de acuerdo Cristina [Fernández de Kirchner] y Alberto [Fernández]”, agregó Cornejo. La oposición desconfía, sobre todo, de la disposición al diálogo de la vicepresidenta. Se preguntan si estará dispuesta a aceptar el ajuste fiscal que exigirá el FMI y, sobre todo, si dejará de torpedear la gestión de su delfín político.
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