España no tiene un problema de costes laborales y, por ello, hay suficiente margen para subir las cotizaciones sociales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lleva repitiendo estas ideas desde la tarde del lunes, después de pactar con los sindicatos un incremento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales, que se repartirán en la misma proporción que el resto (0,5 puntos a cargo del empresario y 0,1 para el trabajador).
La medida hizo levantarse a los empresarios de la mesa de negociación de la reforma de pensiones, ya que está pensada para costear el sobrecoste del sistema cuando entren masivamente los jubilados nacidos en el baby boom. Los líderes patronales han justificado este plante por considerar la medida insuficiente, al tiempo que aumenta los costes laborales que, según denuncian ya están entre los más altos de la UE. ¿Es esto cierto o existe el margen para incrementar dichos costes como asegura Escrivá?
Una forma de evaluar esta cuestión es el peso de las cotizaciones sociales (que pagan empresas y trabajadores) sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2019 del Informe sobre tendencias tributarias en la UE que elabora la Comisión Europea, el peso de las cotizaciones en España en su conjunto (cuota patronal y cuota obrera) equivale al 12,1% del PIB, casi un punto menos que el peso que representan estos pagos en la UE-27 (13,1%). Si bien la brecha más grande llega cuando se observa quién paga qué. Así, en España, los pagos empresariales equivalen al 9% del PIB mientras que los trabajadores pagan el 3,2%. Esto supone que las empresas pagan 1,7 puntos más que la media de los patronos de la UE (donde el peso de la cotización empresarial es del 7,3% sobre el PIB). Por el contrario, los trabajadores españoles costean 2,6 puntos menos que sus colegas europeos (5,8% de media).
Esta cuña fiscal más alta en el caso de España debido al nivel de cotizaciones que se aplica a las empresas, “puede suponer una traba a la competitividad de la economía y la creación de empleo”, por el aumento de costes laborales que supondría, advertía el último informe de competitividad fiscal de 2020 del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Por ello, ya antes de conocerse la intención del Gobierno de incrementar las cotizaciones, estos economistas aconsejaban que “si se persiguiera aumentar la recaudación con cotizaciones a la Seguridad Social, el medio para ello no debe venir por un aumento de los tipos de cotización que incremente el pago de cotizaciones por ocupado, sino por la generación de empleo”. Así no se aumentaría el coste laboral por trabajador sino que se ampliaría la base de cotizantes aumentando igualmente los ingresos.
El problema del paro
Este argumento, que ha sido empleado por la patronal en la negociación, se ve reforzado por el elevado nivel de desempleo que tiene España en comparación con los países europeos. Según los últimos datos comparables de Eurostat, la tasa de paro español (14,6%) duplica la media de la de la zona euro (7,4%). Esta tesis llevó a los técnicos del IEE a calcular que si España lograra tener una tasa de paro similar a la media comunitaria (con alrededor de dos millones de empleos más) el peso de las cotizaciones sobre el PIB pasaría (con datos de 2018) del 11,7% al 12,9%, con un aumento de ingresos del sistema cercano a los 14.000 millones de euros anuales.
El economista Miguel Ángel García, –quien también considera un parche insuficiente el incremento de cotizaciones acordado– coincide con advertir del peligro de elevar los costes laborales en una economía con el 14% de paro como es la española. En uno de sus trabajos para Fedea, El sistema público español de pensiones: Mitos y realidades, alertó también de los riesgos que tendrían sobre la economía otras medidas para aumentar ingresos como el destope de las cotizaciones sin incrementar la pensión máxima, “que además de reducir drásticamente la contributividad del sistema de pensiones, iría en sentido contrario a converger con la media de los países de la zona euro” por el aumento de los costes para el empleador. También desaconsejaba la convergencia con Europa, vía ingresos, subiendo la cuota del trabajador, por la reducción de la renta que supondría (más de 7 puntos) en especial para los salarios más bajos.
Sin embargo, otra forma de aproximarse a la comparativa de costes laborales que pagan las empresas es la que manejan desde la Seguridad Social, que refleja el coste laboral por hora trabajada que, efectivamente, debido en gran parte a los menores niveles salariales (aunque no solo por ello), dan un mayor margen para el aumento de cotizaciones. De hecho, prácticamente todos los países europeos competidores de España (incluidos Grecia y Portugal) cuentan con un coste laboral por hora muy superior al español (ver gráfico). La comparativa realizada por la OCDE, también con cifras de 2019 porque las de 2020 están muy condicionadas por la pandemia, indican que los empresarios españoles pagan una media de 21,9 euros por trabajador y hora (sumando salarios y cotizaciones) frente a los 27,7 euros de la UE-27 o los 31,4 euros de la Unión Monetaria.
No obstante, pese al clima enrarecido que ha dejado en el diálogo social el plante empresarial, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz confiaba ayer en contar con el respaldo de la patronal para la próxima reforma laboral, que sigue negociandose en reuniones que durarán “muchas horas”, dijo Díaz.
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