El general que lideró el golpe de Estado en Sudán en octubre, Abdel Fattah Al Burhan, y el primer ministro depuesto, Abdallah Hamdok, rubricaron la tarde de este domingo un polémico acuerdo que revisa, en sintonía con la posición de los militares, el reparto de poderes y las líneas maestras de la transición democrática iniciada en 2019. El pacto anula la decisión de relevar a Hamdok y lo restituye como primer ministro. Miles de personas, sin embargo, se han manifestado en distintas ciudades del país para mostrar su oposición y exigir que se entregue el poder a un Gobierno exclusivamente civil y que los líderes golpistas rindan cuentas, unas demandas a las que se han sumado las principales formaciones políticas sudanesas.
El acuerdo
Firmado en el Palacio de la República de Jartum, cimienta la autoridad de los generales al mando de la transición, al renovar la desequilibrada asociación entre civiles y militares como su garante y al conferir al Consejo Soberano, un órgano designado por Al Burhan la semana pasada, funciones de jefatura de Estado y supervisión. El pacto recoge también el compromiso de formar un Gobierno tecnócrata. Además, recupera el documento que servía de constitución en la transición ―y que Al Burhan había en la práctica vaciado― como guía básica, e insta a una muy vaga liberación de presos políticos. El preámbulo del texto justifica el golpe militar y lo reduce a “medidas y decisiones” para asegurar la estabilidad y la unidad del país.
Al Burhan anunció el 25 de octubre la toma del poder en Sudán por parte de los militares y la disolución de los principales órganos de la transición, poco después de haber detenido a varios líderes civiles del país, incluido Hamdok. Cientos de miles de personas se han mantenido movilizadas desde entonces en oposición, en una campaña de protestas durante las que fuerzas afines al golpe han matado al menos a 40 personas. La comunidad internacional criticó la rebelión militar, y organizaciones como la ONU han intervenido para buscar una salida a su medida.
El acuerdo de este domingo también se compromete a reestructurar el comité encargado de desmantelar el régimen del ex dictador Omar Al Bashir, un órgano que los militares veían con mucho recelo, así como, de forma vaga, a investigar la violencia ocurrida desde el golpe. El pacto no contempla reformar las fuerzas de seguridad y militares.
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