Los brasileños están acostumbrados a que las Comisiones Parlamentares de Investigación (CPI) acaben siempre en nada. Una excepción se esperaba, sin embargo, de la CPI del Senado sobre la covid-19, conocida también como la de la pandemia y de las más de 600.000 víctimas que asolaron al país.
No se recuerda, en efecto, una CPI que haya sido seguida por la opinión publica con el fervor y pasión de un campeonato de fútbol. El Senado quedó paralizado durante seis meses. Hizo estremecer al país tras haber descubierto las llagas abiertas de un escándalo de corrupción, de dejadez y de negacionismo de la tragedia por parte del presidente, Jair Bolsonaro y de su Gobierno que por un momento se vieron acorralados.
Fueron seis meses de trabajo de la CPI con el Senado prácticamente paralizado. Fue producido un documento acusatorio de más de 1.000 páginas. Entre los acusados, figuran el presidente de la República y 79 personas más, entre ellas ministros, exministros, políticos y empresarios. Bolsonaro fue acusado de crímenes comunes, crímenes de responsabilidad y crímenes contra la humanidad.
El documento dejó al descubierto cuántas vidas de la pandemia se habrían podido evitar sin los crímenes políticos cometidos. Resonó en el Senado el grito de “genocida” contra Bolsonaro. Fue un momento de esperanza de la sociedad de vengar a sus muertos y de salir de la pesadilla de un Gobierno desprestigiado mundialmente.
El documento acusatorio fue presentado solemnemente por la comisión de la CPI a Augusto Aras, fiscal general de la República, hace un mes y solo ahora, después de ser convocado por los senadores para aclarar el retraso, ha anunciado que el sábado próximo comentará las medidas que pretende adoptar. Es verdad que Aras es reconocido como un amigo personal del presidente a quien intenta proteger, pero esta vez se trata de algo demasiado grave que toca de cerca a toda la sociedad y están en juego las esperanzas de hacer justicia a las víctimas de la pandemia.
Si todos los esfuerzos de la CPI del Senado que fueron alabados por la opinión pública y que fueron vistos como un desagravio a los desmanes perpetrados por el presidente, sería una gran frustración nacional y hasta internacional ya que la repercusión que tuvo aquí la investigación fue seguida también en el exterior.
Que la CPI podría acabar en aguas de borraja se intuye de la desenvoltura con la que Bolsonaro, que fue llevado hasta a los tribunales internacionales, se está burlando de las acusaciones que recaen sobre él así como con el silencio del Congreso Nacional que podría haber abierto un proceso de impeachment contra el mandatario.
Brasil ha salido gravemente herido por la pandemia en gran parte por la incuria de sus gobernantes y ello es doblemente grave porque podrá aumentar si cabe la desconfianza de la sociedad en sus políticos y jueces que acaban protegiéndose unos a otros sin que nunca acaben procesados.
La opinión pública fue esta la única vez en que dada la conmoción que produjo el documento final del Senado con sus graves acusaciones contra Bolsonaro y su Gobierno llegó a mantener la esperanza de que pudiera servir para sacar del poder al que es considerado como el peor presidente de la democracia. Democracia a la que ha intentado minar por todos los medios amenazando varias veces con dar un golpe de Estado.
La gravedad de una posible frustración de los resultados de la CPI de la pandemia podría tener repercusiones graves en las próximas elecciones presidenciales en las que se esperaba poder liberar al país de una de las mayores pesadillas autoritarias de su historia, con consecuencias graves en la economía y en la convivencia del país debido a la siembra de odio por parte de un presidente.
La responsabilidad de un fracaso de los trabajos de la CPI de la pandemia supondría la sobrevivencia política de Bolsonaro. El triunfo de nuevo de la extrema derecha golpista, arrastraría al desastre de la economía ya gravemente golpeada y a la continuación en el poder de las fuerzas reaccionarias que han hecho de este país, que ya fue la sexta potencia económica mundial y una democracia consolidada aprobada por el 70% de la población, un remedo de las llamadas repúblicas bananeras.
La responsabilidad del Senado acabará no solo manchando la memoria de los muertos de la pandemia sino burlándose del dolor de las familias a las que nadie devolverá a sus seres queridos.
Los más interesados en que los trabajos de la CPI del Senado no acaben frustrados y sin consecuencias condenatorias concretas, sin esperar años, deberían ser los diversos candidatos a disputar las próximas elecciones presidenciales. Si es difícil que un presidente no gane la reelección ya que dispone de toda la máquina del Estado puesta a su disposición, en este caso, un triunfo de Bolsonaro en las graves acusaciones de la CPI de la pandemia supondría una triste derrota de la democracia.
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