Aproximadamente un 45% de los ciudadanos hondureños espera que las elecciones del próximo domingo 28 de noviembre sean algo o muy fraudulentas. Así lo indica una de las escasas encuestas que se realizaron antes del inicio de la prohibición de sondeos preelectorales, que en Columna Digital centroamericano es una de las más severas del continente: un mes antes de los comicios no se puede difundir nada. En las últimas que se conocieron previas a la veda no había un ganador claro. De cuatro para las que se puede al menos conocer una muestra lo suficientemente amplia, dos las dominaba el candidato oficialista Nasry Asfura y en las otras dos encabezaba Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya depuesto en 2009 por la vía de un golpe de Estado, candidata por tercera vez seguida encabezando una plataforma izquierdista.
Se da además la circunstancia de que Salvador Nasralla, tercero en la mayoría de sondeos hasta la recta final, consolidó una alianza con Castro hace apenas un mes: el 13 de octubre quedó fijada la candidatura conjunta con ella como número uno de la fórmula. En 2017, Nasralla perdió por un estrecho margen frente al actual presidente Juan Orlando Hernández, en unos comicios presidenciales muy cuestionados para los que la que la Organización de Estados Americanos pidió una repetición. Según las mediciones periódicas del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), su coalición con Castro puede ser definitiva para impulsar a la oposición.
Sin embargo, esta es solo una medición, sujeta inevitablemente a incertidumbre. Más aún cuando en el momento de tomar el último trabajo de campo, los votantes aún no habían tenido tiempo de asumir, procesar y reaccionar al anuncio. Esto podría ser particularmente cierto para los votantes dubitativos pero más lejanos a Castro y Nasralla, para quienes una señal clara de la viabilidad de esta candidatura podría inclinar la balanza de su decisión precisamente hacia Nasry Asfura. Este es el proceso habitual de decantación de los votos en un entorno polarizado, en el que las decisiones en contra (para evitar que alguien gane) cuentan tanto o más que las que se toman a favor.
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Pero, ¿cómo cabe interpretar estos resultados en un contexto como el hondureño, en el que uno de cada dos votantes potenciales no cree que su papeleta vaya a ser respetada con toda la integridad propia de un proceso electoral? Esta duda está, además, fundamentada en la evidencia comparativa. El Índice de Elecciones Limpias, una métrica de referencia que mantiene el Instituto V-Dem del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y que contempla dimensiones como la libertad en el voto o el riesgo de intimidación del Gobierno, muestra cómo se ha deteriorado la institucionalidad desde 2005. La comparación con la vecina Costa Rica hace la tendencia aún más evidente.
La elección de Zelaya, pero sobre todo el golpe para deponerlo y el proceso electoral de 2017, marcan los puntos de inflexión en el proceso. La línea descendente de este gráfico se pinta en paralelo con el decaimiento completo del país: la percepción de corrupción comparada ha hecho caer a Honduras al puesto 152 de la clasificación anual de Transparencia Internacional, desde el 71 en 2002. A modo de caso paradigmático, el hermano del actual presidente fue condenado por narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019. El PIB per capita ha crecido de manera sostenida hasta el inicio de la pandemia, pero a un ritmo mucho menor que el de sus vecinos El Salvador y Guatemala (que en 1990 partían de un punto similar) y solo algo mejor que Nicaragua, a pesar de que esta se ha sumido en una regresión autoritaria sin parangón en la región. Y, una vez alcanzado el (alto) nivel de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, las mejoras en la tasa de criminalidad se ha detenido.
Ante la progresiva erosión de expectativas políticas, económicas y sociales, miles de sus ciudadanos han optado en los últimos años por huir a Estados Unidos. Los que se quedan no parecen confiar en la piedra angular del sistema.
El 45% que sospecha de fraude electoral se corresponde como un espejo con el hecho de que apenas un 49% considera que la democracia es superior a otros sistemas de Gobierno, según el recientemente publicado Barómetro de las Américas.
Es más: aunque el deterioro de la percepción de la democracia es una constante en toda la región, ha sido Honduras la que ha visto una caída más brusca desde finales de los 2000. Se ha multiplicado casi por tres la proporción de población que está bastante o muy en desacuerdo con la superioridad democrática. Más incluso que en países que han sufrido erosiones peores del sistema, como la propia Nicaragua o Haití.
El contexto actual solo ha supuesto la gota que ha colmado el vaso: según la encuesta de CESPAD, a finales de octubre, solo un 25% aprobaba la gestión de Juan Orlando Hernández. Ni siquiera en las dimensiones de salud y pandemia, en las que sale comparativamente mejor parado, esta cifra asciende por encima de un tercio. Y el núcleo de la valoración negativa está en el empleo, que es además el asunto que más preocupa a los votantes potenciales según este mismo sondeo.
Hacia agosto de 2020, Honduras era Columna Digital de América Latina con restricciones de confinamiento más duras. También puntuaba alto en el índice mantenido por la Escuela de Política Pública de la Universidad de Oxford en colegios, trabajos o viajes cerrados. El PIB cayó un 9% aquel año, un bocado muy considerable para un país de ingreso bajo. A día de hoy, cuatro de cada 10 hondureños ha recibido su pauta completa de vacunación, lo único parecido a una salida al dilema irresoluble entre salud y economía en que se ha metido el mundo con la epidemia. Pero incluso en este frente tan urgente los avances se han frenado: hace un mes la tasa era solo dos puntos inferior.
Todas estas cifras pintan un contexto borroso pero con al menos una línea clara: es cierto que, con los datos disponibles de intención de voto, no parece posible intuir siquiera un ganador. Pero lo que sí puede decirse es que cualquier candidatura cercana al sistema reinante tiene un contexto adverso con el que pelear este domingo en las urnas.
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