La orden de matar a la jueza Joana Sarmento de Matos, del Juzgado de Ejecución Penal de Boa Vista, en el estado de Roraima, vino de la organización criminal Primer Comando de la Capital desde el interior de la Cárcel Agrícola de Montecristo. Se encontró garabateada en la tapa de un táper incautado durante un registro de las celdas. El agricultor Cosme Capistano da Silva es el siguiente nombre en la lista de objetivos de los sicarios de la región de Boca do Acre, en el estado de Amazonas, donde se mata o muere por unas pocas hectáreas. Con el periodista Vinicius Rosa Lourenço, de Magé, una ciudad de la región metropolitana de Río de Janeiro marcada por el narcotráfico y la acción de milicias, el ataque se produjo sin aviso ni amenaza previa.
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Brasil es un país violento. Según el Atlas de la Violencia 2021, realizado por el Instituto de Estudios Económicos Aplicados en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 45.503 homicidios en el país, lo que corresponde a una tasa de 21,7 muertes por cada 100.000 habitantes. O, lo que es lo mismo, 124 asesinatos al día. La Organización Mundial de la Salud considera que una tasa superior a 10 muertes por cada 100.000 es una epidemia. Es decir, se propaga sin control. A modo de comparación, ese mismo año en Argentina se produjeron 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y en España solo 0,6.
La jueza Joana Matos lidia con las consecuencias directas del avance arrollador de las facciones criminales en Brasil. “Ser juez ya es una actividad que implica riesgos”, dice. En un estado fronterizo, “la situación empeora aún más”, explica, refiriéndose a las rutas del narcotráfico que cruzan Roraima procedentes de Venezuela, Guyana y los ríos amazónicos. Estas rutas despertaron el interés del Primer Comando de la Capital, nacido en São Paulo, y del Comando Vermelho, de Río de Janeiro, grupos criminales que encontraron en las cárceles medievales y en las calles de las periferias abandonadas un territorio fértil para crecer, dejando una cicatriz que atraviesa el país de norte a sur.
Joana Sarmento de Matos
Joana trabaja como jueza en Boa Vista, es responsable de todas las decisiones que afectan a la vida de los presos del Estado: quién puede salir, quién cambia de régimen por buen comportamiento y quién va a la solitaria por cometer infracciones. Está amenazada de muerte por tres facciones criminales: el Primer Comando de la Capital, el Comando Vermelho y la venezolana Sindicato. Para garantizar su seguridad, desde hace seis años solo se desplaza en un coche blindado y lleva chaleco antibalas. Siempre va escoltada por dos policías militares armados con fusiles, que están siempre con ella en su casa, en el trabajo y hasta en la peluquería.
Cosme Capistano da Silva
Cosme ha vivido las penurias de la esclavitud moderna en el campo desde que era un niño y ha convertido la defensa de los pequeños agricultores en la causa de su vida. El agricultor, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra, moviliza a más de 2.000 familias que ocupan una extensa zona de conflicto de tierras en Boca do Acre, en el estado de Amazonas. Su lucha social le ha convertido en enemigo acérrimo de los madereros, los grileiros (ladrones de tierras públicas) y los grandes terratenientes. Su nombre es el siguiente en la lista de objetivos de los sicarios. Los dos primeros ya han sido asesinados.
Vinícius Lourenço
Vinícius es un periodista y activista político de Magé, una especie de salvaje oeste contemporáneo en la región metropolitana de Río de Janeiro. Siempre le han apasionado las noticias. Creó y editó periódicos locales para llevar la información a los vecinos de la localidad. Esto lo puso en la mira. Tras publicar una serie de reportajes en los que denunciaba el nepotismo en el Ayuntamiento, fue blanco de un tiroteo. Está rodeado de violencia: estaba en la casa de un compañero periodista cuando oyó como lo mataban a balazos. Hoy vive prácticamente encerrado en su fortaleza, rodeado de cámaras de seguridad.
Amenazada de muerte por algunos de los mayores grupos criminales de Sudamérica, desde hace seis años Joana Matos solo circula por la ciudad en coche blindado. El chaleco antibalas se ha convertido en prenda obligatoria y tampoco anda sola: desde que sale de su casa hasta que regresa, al final del día, la jueza va escoltada por dos policías armados con fusiles de asalto. Su rutina es limitada: nada de restaurantes, paseos por el parque o reuniones con amigos en el bar. “Al principio fue difícil, pero el ser humano se adapta a todo”, dice. Es un plan de seguridad rígido, creado para que su nombre no se sume a las estadísticas de jueces asesinados por el crimen organizado (no hay datos oficiales sobre el número total).
Vinícius se despierta cada mañana con el gran temor de que en cualquier momento los sicarios “vuelvan para terminar lo que empezaron”. Brasil es un país hostil para los periodistas. Solo en 2020 asesinaron a dos, secuestraron a otros dos, 32 fueron agredidos físicamente y 34 recibieron amenazas, según un informe de la Federación Nacional de Periodistas. Teniendo en cuenta todos los indicadores de violencia contra los trabajadores de prensa, se ha producido un aumento del 105% en las agresiones contra estos profesionales, según datos de la entidad. El Gobierno de Jair Bolsonaro, con sus constantes ataques verbales a los periodistas, ha contribuido a empeorar la situación.
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