Para cumplir con el Reglamento del Parlamento Europeo 2021/1119 que establece la neutralidad climática en el año 2050 y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de aquí a 2030 del 55% respecto a los niveles de 1990 (o un 61% respecto a 2005) la Unión Europea ha planteado medidas más restrictivas para lograr dichos objetivos.
A través de una comunicación al Parlamento y el Consejo, la Comisión Europea propone, que a partir de 2026 se incorporen al mercado de emisiones de CO2, el transporte por carretera, los edificios (esto es, el consumo de gas natural para calefacción y el aire acondicionado) y el transporte marítimo.
El llamado paquete Fit for 55, incluye una serie de propuestas “interconectadas con una legislación más ambiciosa”, indica la Comisión. Concretamente, se refuerzan ocho leyes y se presentan cinco nuevas iniciativas en varias áreas políticas y sectores económicos: clima, energía y combustible, transporte, construcción, uso del suelo y silvicultura.
Convencida de que el mercado de derechos de emisión ha demostrado en los últimos 16 años ser “un mecanismo eficaz para reducir las emisiones y genera ingresos para apoyar la transición energética”, Bruselas ha optado por incluir nuevos sectores en lugar de abordar cambios regulatorios más estrictos en materia de combustibles, energías renovables, eficiencia energética y fiscalidad.
Además de eliminar las actuales emisiones libres o subsidios que recibe el sector de la aviación, el transporte por carretera que utiliza combustibles fósiles y los edificios, que son difíciles de descarbonizar, tendrán que comprar derechos de CO2 a partir de 2026.
Los derechos de emisión expresan que no los pagarían directamente los consumidores, sino el comercializador de los carburantes o el del gas para las calderas, que lo trasladarían después al precio que pagaría el usuario final.
Es lo mismo que ocurre con la electricidad, cuya escalada actual de precios se debe en parte al coste de los derechos de CO2 que pagan las eléctricas que generan con combustibles, como el carbón o el gas. En este sentido, el debate se centra en una paradoja: ¿por qué los coches eléctricos pagan indirectamente el coste de derechos de CO2 internalizado en el precio de la luz y, en cambio, no lo pagan los vehículos con motor de combustión?
Casi medio millón de nuevos vehículos eléctricos se matricularon en la UE en el último trimestre de 2020, lo que supuso un 17% del mercado, y que la flota de vehículos eléctricos se duplicara en un año.
Un Fondo Social de 72.200 millones
Nuevos ingresos. La obligación de que nuevos sectores, como el transporte por carretera, el marítimo y los edificios, paguen derechos de CO2 en un futuro, supondrán ingresos adicionales “para garantizar una transición justa y el uso de renovables”, indica la Comisión Europea. Esta considera que gracias al mercado de derechos, las emisiones han caído un 24% respecto a 1990, cuando la economía creció en ese periodo un 62%.
Presupuesto. Un nuevo Fondo Social para el Clima proporcionará dotará de ingresos específicos a los Estados para mitigar los costes “para las personas más expuestas a los aumentos de los precios de los combustibles fósiles durante la transición energética”, añade en su comunicación la CE. Concretamente, el fondo proporcionará 72.200 millones de euros a precios corrientes durante el periodo 2025-2032 en el Presupuesto de la UE a partir del nuevo sistema que se propone. La cantidad final dependerá del precio del carbono.
Vulnerables. Los más afectados serán los hogares con ingresos medios y bajos, usuarios de transporte y pequeñas empresas. El volumen del fondo equivaldrá en principio al 25% de los ingresos esperados de las nuevas medidas que afectarán al transporte por carretera y la construcción, a partir de 2025. Se complementará con contribuciones nacionales de la menos el 50%.
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