Países Bajos se prepara para tener un nuevo Gobierno de centroderecha formado por los mismos partidos de la legislatura anterior. Se trata de los liberales de derecha (VVD), los liberales de izquierda (D66), los democristianos (CDA) y la Unión Cristiana (ChristenUnie), que han necesitado casi un año para vencer su desconfianza mutua.
El reparto ministerial está por decidir, pero han empezado a filtrarse ya las líneas maestras del futuro Gabinete. Según medios, se invertirá en educación, lucha contra el clima y en la investigación en energía nuclear. La escasez de viviendas y la gratuidad de la mayor parte del cuidado de la infancia en la etapa preescolar figuran a su vez en los planes.
También plantean la introducción, a largo plazo, de peajes en las carreteras. Está previsto que el pacto sea presentado este martes a los cuatro grupos políticos involucrados en las negociaciones, para llegar un día después al Parlamento.
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De cumplirse este calendario sin tropiezos, Mark Rutte, actual primer ministro en funciones y líder del VVD, repetirá en el cargo. Será su cuarto Gobierno desde 2010, y contará con 20 ministros y 10 secretarios de Estado (ahora son 24 en total) en los que habrá igualdad de género.
El Gabinete holandés dimitió en bloque en enero de 2021 debido al escándalo de las ayudas familiares, cuando se acusó erróneamente de fraude a miles de familias que percibieron subsidios sociales entre 2013 y 2019. Desde entonces, el Ejecutivo está en funciones. La pandemia ha añadido aún más presión, ya que, en esas condiciones, no se podían tomar decisiones políticas de gran calado sin el acuerdo del Parlamento.
Las elecciones del pasado marzo ganaron los liberales de derecha de Rutte, seguidos de los liberales de izquierda de Sigrid Kaag. Se vio obligada a dimitir como ministra de Exteriores en funciones. Fue en septiembre, después de haber sido reprobada por el Congreso por la caótica evacuación de los traductores y el resto del personal afgano que trabajó para Países Bajos.
La acusación errónea de fraude que provocó la caída del Ejecutivo en enero afectó a más de 30.000 familias, y el caso ha dañado la confianza del ciudadano en el Estado. Las investigaciones llevadas a cabo desde entonces han constatado que la mayoría de los padres acusados erróneamente de estafa son de origen inmigrante. En su señalamiento, participó desde la Agencia Tributaria a diferentes ministerios y los tribunales de justicia, que han tenido que disculparse. Los progenitores acabaron endeudados e incluso perdieron la custodia de sus hijos en más de un millar de casos.
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