La justicia ha echado por tierra uno de los múltiples frentes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo abrió para tratar de frenar la investigación que lo sienta en el banquillo por liderar una macrotrama de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella presentada por el antiguo policía contra los dos primeros fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, a los que el comisario atribuía una ingente cantidad de irregularidades —desde aceptar denuncias contra él con datos falsos hasta permitir “sin pruebas” el registro de su casa y el arresto de su mujer, Gemma Alcalá—.
Los jueces descartan todas esas acusaciones, niegan la “existencia de indicios de infracción penal” contra los miembros del ministerio público y concluyen que, “en realidad”, esta denuncia busca “criminalizar” la “actuación profesional” de los dos fiscales. Según añade el tribunal madrileño en una resolución fechada el pasado martes, el relato de Villarejo carece de fundamento, ya que la mayoría de decisiones que atribuye a Stampa y Serrano fueron realmente adoptadas por el juzgado de la Audiencia Nacional que lo investiga o autorizadas por este.
Esta decisión inflige un duro golpe a Villarejo, que intenta presentarse como víctima de una conspiración de “todos los estamentos del sistema” para “aniquilarlo”. Al descartar cualquier atisbo de irregularidad, el Tribunal de Madrid avala el proceder de la Fiscalía Anticorrupción.
El papel de la esposa
La esposa del comisario jubilado declaró este miércoles, precisamente, en el juicio que acoge la Audiencia Nacional por tres líneas de investigación del caso Villarejo. Alcalá, para quien la Fiscalía pide más de 83 años de cárcel por participar en la trama de su marido, negó que cometiese alguna ilegalidad y descartó cualquier responsabilidad en los negocios de Villarejo. “Yo no he tomado ninguna decisión”, aseguró.
Alcalá figura como administradora de varias sociedades de Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo. Recibía correos electrónicos con detalles sobre los proyectos de espionaje. Y su firma consta en cheques pagados por los contratistas. Pero, según ella, nada sabía. “Mi marido me pidió si podía ser administradora porque viajaba mucho a países de alto riesgo y él temía no volver. Él se quedaba más tranquilo si la administración quedaba dentro de la familia. Yo no tomaba ninguna decisión y, cualquiera que conozca a mi marido, sabe que eso no puede ser así. Él tenía siempre la última palabra”.
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