Este martes, autoridades japonesas ejecutan en la horca a tres condenados a muerte, las primeras penas capitales tras dos años sin este tipo de prácticas en un país donde más de 100 presos esperan en el corredor de la muerte.
Los presos ejecutados este martes son los primeros en ser ajusticiados desde la llegada al poder el pasado mes de octubre de Fumio Kishida como primer ministro de Japón. Se trata de tres hombres.
Yasutaka Fujishiro (65 años), condenado por matar a siete de sus familiares en 2004 en la prefectura de Hyogo (al oeste de Japón). Los otros dos presos, Tomoaki Takanezawa (54 años) y Mitsunori Onogawa (44 años), fueron sentenciados a la pena capital por cometer robos en los que asesinaron a dos empleados de dos salas de máquinas recreativas conocidas como pachinko en Gunma (centro de Japón) en 2003.
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Hasta octubre de 2020, Japón podía llevar a cabo las ejecuciones sin informar previamente a los allegados de los condenados a muerte, pero desde la fecha mencionada entró en vigor la notificación de la ejecución, siempre y cuando se hubiese solicitado expresamente.
El pasado 17 de diciembre, el titular de Justicia, responsable de firmar las condenas a muerte en Japón, dio la orden para llevar a cabo estas ejecuciones.
“No hay más opción que la pena capital para los crímenes graves”, afirmó en otra rueda de prensa horas más tarde del anuncio el vicesecretario del Gabinete, Seiji Keihara.
La última pena capital ejecutada en el país hasta hoy fue en diciembre de 2019, en el Gobierno de Shinzo Abe, bajo cuyo mandato como primer ministro, desde 2012, se ejecutó a 39 presos. Estos dos años sin ejecuciones coincidieron con la explosión de la pandemia de covid y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.
Tras las ejecuciones de este martes, quedan 107 presos condenados a la pena capital en el país, a la espera en el corredor de la muerte, de los cuales 59 han pedido la revisión de sus sentencias, según detalló el ministro de Justicia.
Las reacciones de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) no se hicieron esperar y a las pocas horas, desde Tokio, emitieron un comunicado donde denunciaron que “estas ejecuciones ignoran las normas internacionales sobre los derechos humanos”.
De acuerdo al texto, esta decisión del nuevo gabinete de Kishida, contradice su anunciada política de “proteger el valor universal de los derechos humanos” y subraya que las Naciones Unidas han aconsejado “enérgicamente” al país abolir la pena capital, independientemente de la opinión pública.
Japón es junto con Estados Unidos el único país industrializado y democrático que aplica la pena capital, y su reticencia a renunciar a esta práctica ha sido duramente criticada por las organizaciones internacionales.
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