La cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, pasará la Navidad entre rejas. Un tribunal de Haifa (norte del Israel) ha ordenado la revisión de la petición de excarcelación de la trabajadora humanitaria, que fue denegada el pasado día 7 por un comité penitenciario. Según ha informado este viernes su equipo de abogados, el tribunal ha anunciado tras la vista que celebró el martes que la decisión del comité penitenciario fue “poco clara” y “plantea interrogantes” sobre su validez. En consecuencia, la reclamación de libertad condicional tras haberse cumplido un tercio de la condena impuesta debe ser reexaminada. Ruiz fue detenida hace ocho meses por el Ejército en su casa cercana a Belén (Cisjordania), donde vive con su esposo palestino desde hace más de tres décadas.
El comité penitenciario ―integrado por un juez, una asistente social y un psicólogo— acordó en Nazaret (norte de Israel), por dos votos a uno (el del magistrado), que Ruiz debe permanecer en prisión hasta mediados de mayo y cumplir íntegramente su condena. El pasado 17 de noviembre, un tribunal militar de Ofer (Cisjordania) sentenció a 13 meses de cárcel a la cooperante española, que había aceptado un acuerdo judicial de culpabilidad a fin de ver reducida su condena. La defensa de Ruiz considera que el comité actuó en contra de la práctica habitual en la justicia israelí de recortar el tramo final de cumplimiento de la pena en caso de buen comportamiento del preso.
El tribunal de distrito de Haifa observa en su resolución —según un comunicado difundido por el abogado Avigdor Feldman, que dirige la defensa de Ruiz— que “no están claros los motivos ideológicos atribuidos a la prisionera” y que fueron esgrimidos por los dos miembros del comité penitenciario, que rechazaron la excarcelación anticipada. El tribunal requiere ahora al comité para que detalle cuáles son los “antecedentes ideológicos” alegados y las razones por las que estimó que existe riesgo de fuga de la trabajadora humanitaria española. En una conversación telefónica con Columna Digital, el letrado Feldman, prestigioso especialista en la defensa jurídica de los derechos humanos en Israel, se mostró optimista ante la posibilidad de que Juana Ruiz pueda salir en libertad antes de que acabe al año.
El pasado día 2, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, telefoneó a su homólogo israelí, Yair Lapid. “Su caso es muy importante para la opinión pública española. Aquí nadie se cree que sea una terrorista”, dijo entonces el jefe de la diplomacia española al ministro israelí. El tribunal militar de Ofer sentenció a la cooperante española a 13 meses de cárcel y a una multa de 50.000 shéqueles (unos 14.000 euros) por los delitos de “prestar servicios a una organización ilegal” y por “tráfico de divisas en Cisjordania”, dentro de la ONG sanitaria palestina en la que trabajaba.
Ruiz aceptó declararse culpable de ambos cargos, en el marco de un acuerdo con la Fiscalía militar que eliminó otras tres graves acusaciones por delitos ligados al terrorismo, con el fin de ver rebajada su pena y acortar un proceso que la forzaba a permanecer largo tiempo entre rejas.
“Todo en este caso es político”, advirtió el abogado de Ruiz en sus primeras declaraciones tras la sentencia. “Se ha intentado manipularlo para justificar la ilegalización de las ONG palestinas defensoras de los derechos humanos”.
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En más de ocho meses de detención, la cooperante española solo ha podido recibir unas pocas visitas familiares en la cárcel. Los procesos penales bajo la jurisdicción castrense israelí pueden prolongarse durante años. Es el caso del ingeniero palestino Mohamed Halabi, quien lleva cinco años entre rejas acusado de desviar fondos de una ONG internacional en Gaza en favor de Hamás y que sigue aún a la espera de juicio.
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