Voy a dejar el análisis político sesudo para otros. Desconozco los motivos por los que, al parecer, el senador Joe Manchin ha decidido retractarse de una promesa explícita que hizo al presidente Joe Biden. Ingenuamente creí que, incluso en esta época de violación de las reglas, respetar un trato que se acaba de hacer sería una de las últimas normas en perderse, ya que la reputación de mantener la palabra dada les es útil incluso a los políticos más cínicos. Tampoco sé qué se puede salvar, si es que se puede salvar algo, del plan Reconstruir Mejor.
Lo que sí sé es que los costes humanos y, ciertamente, económicos, serán enormes si los planes de gasto de Biden, moderados pero cruciales, no llegan a buen puerto.
No aprobar un programa social decente significaría condenar a millones de niños estadounidenses a tener mala salud y bajos ingresos cuando sean adultos, porque eso es lo que pasa cuando se crece en la pobreza. También significaría condenar a otros cuantos millones a una asistencia médica inadecuada y a la ruina económica si enferman, porque eso es lo que ocurre cuando la gente no tiene un seguro médico en condiciones. Muchísimas personas quedarían condenadas a padecer enfermedades que podrían evitarse y a la muerte prematura debido a la contaminación del aire, incluso sin tener en cuenta que el peligro de una catástrofe climática sería mayor.
Todo esto no son conjeturas. Hay una cantidad ingente de pruebas de que, al llegar a la edad adulta, los niños de las familias de bajos ingresos que reciben ayuda económica están mucho más sanos y son más productivos que los que no la recibieron. Los estadounidenses sin seguro a menudo no tienen acceso a la atención médica necesaria y se enfrentan a facturas inasumibles. Y hay estudios que muestran que las políticas para mitigar el cambio climático también traerán consigo grandes beneficios para la salud gracias a que, en la próxima década, el aire será más limpio.
A modo de inciso, no está claro cuántos estadounidenses son conscientes de hasta qué punto nos estamos quedando atrás con respecto a otros países en lo que a satisfacción de las necesidades humanas básicas se refiere. Todavía sigo encontrándome con gente que cree que tenemos la esperanza de vida más alta del mundo, cuando la realidad es que podemos esperar vivir entre tres y cinco años menos que los ciudadanos de la mayoría de los países europeos. Y, por cierto, también entre los Estados del país hay diferencias cada vez mayores. En 1979, la esperanza de vida en Virginia Occidental era tan solo unos 14 meses menor que en Nueva York; en 2016, la brecha se había ampliado a seis años. No cabe duda de que el Estado natal de Manchin se beneficiaría inmensamente del gasto social que el senador demócrata parece decidido a impedir.
La debilidad de la red de protección social estadounidense también tiene consecuencias económicas. Es verdad que nuestro PIB per cápita todavía es alto, pero esto se debe en gran medida a que los estadounidenses se toman muchas menos vacaciones que las que se toma la gente en otros países, lo que significa que producen más porque trabajan más horas. En otros aspectos vamos rezagados. Incluso antes de la pandemia, un estadounidense en sus mejores años como trabajador tenía menos probabilidades de estar laboralmente activo que sus iguales de Canadá y muchos países europeos, seguramente en parte porque no ayudamos a los adultos a que sigan integrados en la población activa proporcionando guarderías y permisos de paternidad.
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Pero, ¿podemos permitirnos mejorar nuestras vidas? Una respuesta es que otros países ricos parecen arreglárselas muy bien. Otra es que las objeciones de Manchin a la legislación propuesta pierden fuerza cuando se someten a un examen minucioso.
Manchin afirmó que la Oficina Presupuestaria del Congreso había determinado que el coste del proyecto de ley era de “más de 4,5 billones de dólares”. Y no, no es así. Esa cifra es el cálculo exigido por los republicanos del desembolso en el supuesto de que todo lo que establece la legislación se convirtiese en permanente, que no es lo que dice el proyecto. Además, si el Congreso votara a favor de prorrogar programas como la desgravación fiscal por hijo, probablemente también votaría a favor de las compensaciones por la pérdida de ingresos. El análisis de la redacción actual de la ley realizado por la Oficina Presupuestaria —que llegó a la conclusión de que casi no tenía efecto sobre el déficit— nos da una idea mucho mejor sobre sus probables repercusiones fiscales que esta hipótesis amañada.
En cuanto a la afirmación de Manchin de que tenemos una deuda nacional “abrumadora”, quizá valga la pena señalar que los pagos de intereses federales como porcentaje del PIB ascienden solamente a la mitad que en la época de Ronald Reagan, y que si se ajustan a la inflación, equivalen básicamente a cero. ¿Y qué hay de la inflación? El gasto propuesto en Reconstruir Mejor se reparte a lo largo de varios años, por lo que no repercutiría mucho en el aumento de la demanda general a corto plazo; el primer año, su contribución al déficit sería de tan solo un 0,6% del PIB, lo cual no basta para influir demasiado en el alza de los precios. Por otra parte, la Reserva Federal acaba de dejar claro que está preparada para subir los tipos de interés si la inflación no remite, de manera que la influencia del gasto público debería ser aún menor.
La carta que publicó el senador para explicar por qué dijo lo que dijo en Fox News no parece una declaración política cuidadosamente elaborada; ni siquiera parece un manifiesto ideológico coherente. De hecho, se diría que la redactó a toda prisa, reuniendo un batiburrillo de temas de conversación republicanos sacados a colación de cualquier manera en un intento de justificar su repentina traición y de presentarse a sí mismo como una víctima.
Lo siento, pero no. La víctima de esta historia es Estados Unidos, y no un senador que tiene que cargar con las consecuencias de haber roto una promesa.
Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2021. Traducción de News Clips
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