El Gobierno está dispuesto a modificar el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional para llegar a un acuerdo con el PP. Según el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. La prioridad, explica, es sacar esta ley por consenso, no solo con el principal partido de la oposición sino también con las comunidades autónomas. A las que se atribuye por vez primera un papel en los planes de preparación y disposición de recursos materiales y personales para hacer frente a futuras crisis.
El anteproyecto de ley presentado ayer a la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional
En la que participan las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya vio un primer borrador en mayo pasado. Uno de los aspectos más delicados del texto es la previsión de que, en caso de crisis, cualquier ciudadano pueda ser obligado a realizar las prestaciones personales que determinen las autoridades competentes, quienes podrán también requisar temporalmente u ocupar transitoriamente los bienes y propiedades necesarios para atender la emergencia. En este segundo supuesto, la ley prevé que “quienes sufran perjuicios en sus bienes y servicios tendrán derecho a ser indemnizados”, lo que no sucede con las prestaciones personales.
Según Simancas, “no hay ninguna intención de limitar las indemnizaciones”, por lo que las prestaciones de carácter personal también podrían quedar cubiertas. Aun así, agrega, el Gobierno no tiene inconveniente en modificar el texto para dejarlo más claro. Respecto al control parlamentario y judicial, Simancas sostiene que el presidente del Gobierno acudirá inmediatamente al Parlamento en cuanto declare un estado de crisis (técnicamente denominada “situación de interés para la Seguridad Nacional”) y que sus decisiones estarán sometidas al control de los tribunales, “como no puede ser de otra forma”.
Simancas
En todo caso, subraya Simancas, “las críticas que se hacen desde el PP son críticas a la ley de 2015 [que aprobó el Gabinete de Rajoy], no a la modificación que se plantea ahora, que no atribuye ninguna función nueva al presidente del Gobierno”. En vez de aprobar un nuevo texto, el Gobierno ha preferido mantener la ley del PP. Modificándola para regular la creación de una Reserva Estratégica de bienes críticos. Esta reforma estaba prevista en la propia ley de 2015, que daba un plazo de un año al Gobierno para hacerla. Por eso, Simancas confía en pactarla con el PP, a pesar de que Pablo Casado ya adelantó en julio pasado que votaría en contra.
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