El departamento colombiano de Arauca, en la frontera con Venezuela, se ha convertido por enésima ocasión en una zona de guerra en el comienzo de este 2022. Una veintena de personas han sido asesinadas este fin de semana en medio de las violentas disputas entre disidencias de las extintas FARC y guerrilleros del ELN en una zona históricamente golpeada por el conflicto armado, con miles de habitantes en riesgo que podrían desplazarse para huir de los enfrentamientos, de acuerdo con autoridades locales. Tanto la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación por los homicidios, amenazas y desplazamientos y han alertado de los crecientes peligros para la población civil.
La nueva oleada de violencia
Se produjo el fin de semana en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. Las autoridades nacionales del Gobierno de Iván Duque, quien convocó este lunes un nuevo consejo de seguridad con la cúpula militar, todavía no han dado un balance oficial de víctimas. “La situación compleja es que muchos de estos enfrentamientos se dan prácticamente en el filo, en el borde de la frontera”, dijo el mandatario en una entrevista radial con La FM. Su Ejecutivo ha denunciado con insistencia que tanto las disidencias de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, encuentran resguardo y protección del régimen de Nicolás Maduro del otro lado de la línea limítrofe. El ejército, sin precisar mayores detalles, atribuyó los enfrentamientos en esos “puntos retirados del departamento” al control de las economías ilegales.
Los números de las autoridades aún presentan discrepancias. La Defensoría del Pueblo ha confirmado al menos 16 muertos. A lo largo del domingo ya se habían reportado más de una docena de asesinatos en Arauca, y en la noche hubo más informes. “A esta hora tenemos 24 personas ya oficialmente reportadas como asesinadas”, aseguró en la mañana de este lunes el personero (representante del Ministerio Público) de Tame, Juan Carlos Villate, en declaraciones a W Radio. “Todo inicia por operativos del ELN en los centros poblados reteniendo personas, algunas asesinándolas y los cuerpos han ido apareciendo poco a poco”, señaló. Al menos 3.000 personas han manifestado su voluntad de desplazarse, de acuerdo con al funcionario. “No hemos podido activar corredores humanitarios, esperamos poder tener rutas de protección con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja”, agregó.
Diversos analistas y expertos en seguridad
Ellos coinciden en que el ELN y las disidencias que se apartaron del proceso de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en un partido político– tienen cada vez más presencia en territorio venezolano, sobre todo en el Estado de Apure, fronterizo con Arauca.
El chavismo ha tolerado de manera tácita la presencia de los insurgentes durante años, pero el pasado marzo, por motivos que no se han terminado de aclarar, lanzó una ofensiva a sangre y fuego contra los disidentes de las FARC, que incluyó bombardeos, arrestos arbitrarios y torturas. En su momento, ese operativo obligó a miles de personas a refugiarse en Colombia. A ese panorama se suma la confusa guerra territorial que libran distintas facciones disidentes del otro lado de la frontera, que ya a finales del año pasado se saldó con la muerte de varios cabecillas.
“En Arauca y Apure, parece haberse roto la alianza entre el ELN y la disidencia del Frente 10 de las FARC, lo cual podría resucitar una nueva versión del conflicto que durante varios años atormentó a la población en la región. Hemos recibido denuncias graves de muertes, desplazamiento forzado y secuestros. Es urgente que las autoridades tomen medidas para proteger a la población civil y asistir a las víctimas”, advierte Juan Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch. La ONG han documentado en sus informes el panorama de asesinatos, torturas, reclutamiento de menores, secuestros e incluso trabajo forzado que los grupos armados han impuesto a ambos lados de la línea limítrofe.
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