Almacenamiento subterráneo de CO₂, biocombustibles o fabricación de cemento. Estas son algunas de las decenas de actividades aprobadas ya por la Unión Europea como sostenibles cuando cumplen una serie de requisitos, junto a otras como la energía eólica, la fotovoltaica o la gestión forestal.
Sin embargo, ninguna ha generado tanto debate como la reciente propuesta de la Comisión Europea para añadir a esta lista de inversiones verdes, bajo determinadas condiciones, la energía nuclear o el gas. La tormenta desatada deja claro que ahora mismo no hay consenso en Europa sobre el impacto de estas dos fuentes de energía, pero también pone a prueba la credibilidad de este nuevo sistema europeo para impulsar las inversiones sostenibles.
El propio responsable de la Plataforma de Finanzas Sostenibles —el grupo de expertos creado para asesorar sobre la taxonomía a la Comisión—, Nathan Fabian, que debe pronunciarse el 12 de enero sobre la inclusión de la nuclear y el gas, ha afirmado al diario Financial Times que ve riesgos en la propuesta.
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La llamada taxonomía verde o clasificación de las actividades consideradas sostenibles es una herramienta de la UE para orientar las inversiones del sector privado hacia una economía acorde con los objetivos de lucha contra el cambio climático y otros cuatro retos ambientales (agua, economía circular, prevención de la contaminación y biodiversidad). Como asegura Garbiñe Manterola, experta también de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, en representación del consorcio tecnológico vasco BRTA (Basque Research and Technology Alliance), “si se utiliza bien, este es un sistema muy potente para conseguir una Europa más sostenible”.
Cuando un banco lanza un producto financiero con la etiqueta de verde –por ejemplo, unos bonos o un plan de pensiones–, se supone que el dinero captado servirá para financiar proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, la realidad es que existe mucho greenwashing (lavado de imagen verde) con todo lo relacionado con el concepto de “sostenible”, justo lo que Bruselas quiere cercenar.
Por ello, una primera finalidad de la taxonomía verde europea es proporcionar una guía clara y transparente de lo que es y no es sostenible —una clasificación de actividades concretas con las condiciones que deben cumplirse— para aquellas empresas y entidades financieras que quieran utilizarla de forma voluntaria.
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Esto ya supone un cambio relevante, pero el alcance de la taxonomía va más allá. “No todo es voluntario, las grandes empresas están obligadas a comunicar qué porcentaje de su facturación está alineada con esta taxonomía verde”, incide Manterola. “Si una compañía declara que un 5% de su facturación está vinculada a estas actividades sostenibles, esto significa que el restante 95% no lo está, no es sostenible”.
La idea es ayudar a las empresas a financiar su propia transición, de cara a lograr la neutralidad climática en 2050. Por un lado, las compañías deben comunicar qué porcentaje cumple con la taxonomía europea de su cifra de negocios y de su capex (las inversiones a futuro). Y, por otro, las entidades financieras tienen a su vez que informar de su porcentaje de préstamos en actividades sostenibles. No se obliga a nadie a cambiar, pero se busca empujar la financiación en una dirección muy determinada, con pautas muy marcadas.
En diciembre, la Unión Europea ya aprobó una primera lista de actividades sostenibles, que se espera vaya evolucionando hacia parámetros cada vez más estrictos. Sin embargo, la caja de los truenos se ha abierto ahora con la propuesta de la Comisión para añadir la energía nuclear y el gas.
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Con condiciones: en el caso de una nueva central nuclear, por ejemplo, se exige entre otras medidas que el país miembro cuente con un plan para disponer en 2050 de un almacén definitivo para los residuos de alta actividad y que el proyecto utilice la mejor tecnología disponible, con combustible tolerante a accidentes —que debe proporcionar una protección adicional frente a daños de los sistemas o componentes del reactor nuclear—.
Para las plantas de gas, se pide que hasta 2031, las emisiones directas sean como máximo de 270 gramos de CO₂ por kilovatio hora (la media en España está en 370 gramos) o que en el conjunto de la vida completa de la instalación las emisiones sean inferiores a 100 gramos de CO₂ por kilovatio hora, lo que significa que según vayan pasando los años deben incorporarse mejoras o cambiar a combustibles menos contaminantes.
En lo respecta a la nuclear, es cierto que puede contribuir a reducir las emisiones que causan el cambio climático, pero las mayores discrepancias surgen con la gestión a largo plazo de sus residuos radiactivos de alta actividad. En cuanto al gas, genera rechazo por tratarse de uno de los combustibles fósiles que justamente se quieren dejar atrás. En uno y otro caso, son tecnologías ahora mismo ausentes de las carteras de inversión y de los créditos con etiqueta verde.
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