Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder regional del PP, ha intensificado la campaña para tratar de frenar el juicio que tiene pendiente por el caso Gürtel, para el que aún no hay fecha y donde afronta una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude.
El exdirigente popular, que se ha ofrecido al partido para volver a la primera línea política, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional para pedir que se plantee una batería de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en su opinión, deben resolverse ante de celebrar la vista oral para determinar si se han vulnerado sus derechos.
El expresidente autonómico sostiene que la Audiencia Nacional vulneró su derecho a la presunción de inocencia al incluirle en esta causa —centrada en adjudicaciones de la Generalitat a la Gürtel y que él califica como “un claro juicio de sesgo político”— después de que miembros de la trama lo señalaran en otra vista oral.
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En su escrito, el popular carga también contra el juez instructor José de la Mata, al que acusa de haberle abierto una investigación prospectiva y sobre el que cuestiona su “imparcialidad” por haber ocupado el puesto de director general de Modernización de la Justicia entre 2009 y 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
El magistrado concluyó que el expresidente maniobró para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 a las empresas de la trama Gürtel y favorecer así a la red corrupta liderada por Francisco Correa, “como venía haciendo desde 2005”. Tras el recurso de Camps, la investigación fue avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que existen suficientes “indicios de criminalidad” para sentarlo en el banquillo de los acusados.
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Además, en el juicio celebrado sobre la financiación irregular de los populares valencianos, Ricardo Costa, ex secretario general del PP autonómico, ya señaló a Camps al afirmar que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente de la Comunidad. El Bigotes también apuntó en la misma dirección y detalló, incluso, que Costa telefoneó en su presencia a Camps para “pedirle instrucciones” sobre cómo saldar la deuda del partido.
Esta no es la única iniciativa que ha adoptado Camps en los últimos meses. Según informó Europa Press, el exdirigente popular presentó una queja ante Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) por la supuesta falta de garantías en el procedimiento. También ha recusado al magistrado progresista José Ricardo de Prada, que forma parte del tribunal que lo juzgará.
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