El camino del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para recuperar su libertad ha vencido un obstáculo más. Este miércoles, previo a la audiencia donde se revisará la medida de prisión preventiva en su contra por el caso Odebrecht, un tribunal federal ha desechado la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar al exfuncionario por el caso de corrupción de Agronitrogenados. ““Es requisito indispensable para acreditar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona moral oficial, la afectación de sus intereses patrimoniales derivados de actos jurídicos que realicen bajo un plano de igualdad, en una relación de coordinación frente a otro gobernado; lo que en el caso no se actualiza”, resolvió la magistrada”, refiere la resolución a favor de Lozoya. La Unidad anticorrupción dirigida por Pablo Gómez ya anunció que interpondrá una queja contra el fallo.
La semana pasada Lozoya obtuvo su primera victoria jurídica en intento por recuperar su libertad. La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, dejó sin efecto la prisión preventiva que el pasado 10 de noviembre le impuso el juez Artemio Zúñiga Mendoza al exfuncionario por la supuesta compra de la planta de fertilizantes, Agronitrogenados, a un sobreprecio a Altos Hornos de México, una transacción que de acuerdo con la Fiscalía ocasionó un quebranto millonario a las finanzas de Pemex.
Los procesos contra Lozoya viven horas cruciales. Esta tade se sabrá si el juez que ordenó su detención en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México como una medida cautelar hace más de dos meses da un giro de 180 grados a su decisión y decide no dictar la prisión preventiva por el caso Odebrecht, lo que supondría la inmediata liberación de quien fuese uno de los hombres más cercanos del expresidente Enrique Peña Nieto.
De anularse la medida cautelar de prisión preventiva por los supuestos sobornos millonarios que recibió a Lozoya se le fijarían las medidas cautelares a las que estaba sometido antes de pisar la cárcel: arraigo domiciliario, el uso de un brazalete electrónico, la firma cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares y el retiro de su visa y pasaporte para evadir el riesgo de fuga.
Con independencia de la decisión que se determine respecto a esta medida cautelar, los procesos penales contra el exdirector de la petrolera en el sexenio de Peña Nieto seguirán su curso. A principios de año la Fiscalía pidió una pena de 39 años contra Lozoya por la causa de Odebrecht, que incluye cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
En el caso de los señalamientos por la supuesta compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes, Agronitrogenados, el ministerio público ha solicitado una pena de 15 años en la cárcel por lavado de dinero. Además, los fiscales exigieron en su acusación imponerle al entonces funcionario el pago de una reparación del daño por 3,4 millones de dólares, monto equivalente al supuesto soborno que recibió por la transacción.
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