El informe policial que mantenía en suspenso las pesquisas del caso Dina ya se encuentra en la mesa de Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional. Según han confirmado fuentes jurídicas, los agentes han informado al magistrado de que no han podido acceder al contenido de la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham, una antigua asesora de Pablo Iglesias que denunció el robo de su móvil en 2015 y cuyo contenido se encontró copiado en casa del comisario José Manuel Villarejo y además acabó publicado en varios medios de comunicación. Los investigadores, por tanto, no han podido profundizar sobre por qué no funciona este dispositivo después de que lo recuperase su propietaria tras pasar por manos del exlíder de Podemos, para quien el juez llegó a plantear su imputación por un delito de daños informáticos.
El resultado del informe policial despeja el futuro judicial de Iglesias. El magistrado lo mantiene en el punto de mira desde 2020, cuando pidió sin éxito al Tribunal Supremo que lo imputase. Según argumentó García-Castellón, el dirigente de Podemos había recibido en enero de 2016 la tarjeta de manos del presidente del Grupo Zeta, editor de la desaparecida revista Interviú, y “se la guardó sin decírselo a su propietaria”. Entonces, según la tesis del juez, a raíz de que el contenido del dispositivo se publicase en varios medios, el líder del partido dañó la tarjeta y urdió un plan con el objetivo de aprovecharse de la instrucción judicial para inventarse una conspiración y presentarse como víctima.
El Supremo rechazó esta teoría por falta de indicios y devolvió la causa al juez. El propio magistrado ya había apuntado que “no hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte” de Iglesias, pero añadió que el dispositivo presenta un “fallo” interno que atribuye al exvicepresidente. De ahí que encargara este último informe a la Policía para intentar averiguar las causas que impiden acceder a él.
García-Castellón se encontraba a la espera de este informe antes de mover ficha sobre Iglesias, que perdió su condición de aforado ante el Supremo tras salir del Gobierno. Así lo indicaba el juez en una resolución dictada la pasada primavera, cuando rechazó la petición de imputar a Iglesias al considerarlo “precipitado”. Según detallaba, no había “ningún indicio nuevo distinto de los que fueron valorados en su día por el alto tribunal”.
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