El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vivido este jueves una jornada difícil en el primer gran juicio que afronta en la Audiencia Nacional por liderar una supuesta macrotrama de corrupción. El inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía número 111.470, que encabezó la investigación contra él desde 2016, ha declarado durante más de tres horas en la vista oral y ha descrito la “compleja estructura societaria” diseñada para ocultar y mover el dinero que el acusado presuntamente obtenía de su actividad ilícita, que incluía servicios de espionaje para particulares y empresas.
El inspector de la unidad encargada de investigar los casos de corrupción y malas prácticas dentro de la policía ha calificado este entramado de sociedades tejido por Villarejo en torno a la empresa Cenyt como “una estructura de carácter familiar”. Esta declaración que debilita la defensa del comisario, que defiende que todas sus compañías le servían para crear su tapadera como supuesto agente encubierto por orden del Estado. La Fiscalía, que pide más de cien años de cárcel para él por esos negocios de espionaje privado, para los que supuestamente empleó recursos de la Policía, diferencia también entre Cenyt y alguna otra sociedad que pudiera ponerse a nombre del agente para “realizar funciones propias de sus funciones policiales”, que “no tienen nada que ver con la estructura de Cenyt”. En ese sentido, el inspector 111.470 ha contado que se detectó otra empresa constituida con una de las identidades dobladas que la Secretaría de Estado de Seguridad facilitó a Villarejo.
El inspector de Asuntos Internos ha insistido en que Villarejo se encuentra detrás de la red empresarial creada en torno al grupo Cenyt, que desveló el país en 2015. El agente ha descrito una maraña de compañías, cuentas en entidades financieras y “decenas de inmuebles” tras los cuales se ocultaba el comisario, con tentáculos en Reino Unido, Panamá o Paraguay. Incluso, ha especificado cómo el sospechoso “repatrió” más de 770.000 euros del país centroamericano mediante dos movimientos bancarios.
A preguntas de la Fiscalía, que buscaba acreditar la legalidad de las pesquisas para desmontar la defensa del comisario jubilado que se presenta como víctima de una conspiración, el funcionario 111.470 ha relatado con minuciosidad todos los pasos dados hasta detener a Villarejo, así como la gran cantidad de documentación que se le intervino en los registros de sus propiedades. Es más, el inspector ha especificado que, antes de las pesquisas del caso Villarejo, ya lo investigó una primera vez en 2016 a petición de la Comisaría General de la Policía, cuando se detectaron “posibles actividades vinculadas al blanqueo de capitales”.
“Ese asunto se me asigna a mí”, ha contado el agente de la UAI, que elaboró entonces un informe donde se especificaba que el entramado de Villarejo ocultaba un “capital social muy potente, de más de 20 millones de euros” y se enumeraban una “serie de indicadores” sobre el blanqueo. Sus conclusiones se trasladaron entonces a la Fiscalía Anticorrupción, que las devolvió para que se remitieran a la Fiscalía de Madrid, que acabó por archivarlas en octubre de 2016 “por entender que no existía razón alguna para justificar una investigación al no apreciar la existencia de delito”. Según ha admitido el inspector 111.470 este jueves, sus informaciones “carecían” entonces de un dato básico: el “delito procedente” para atar el supuesto enriquecimiento ilícito del sospechoso.
Aun así, el agente de Asuntos Internos ha reconocido que recibió con sorpresa el archivo del ministerio público y, sobre todo, que Villarejo hubiera sabido que le estaban siguiendo los pasos. “En junio, presentó una denuncia en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía donde cuenta que se estaba iniciando una investigación sobre él […] Conocía los detalles que se suponen que eran reservados. ¡Vamos!, que se entera”, ha especificado durante su declaración ante el tribunal.
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El sumario acumula una cantidad ingente de indicios contra Villarejo y sus colaboradores. A las grabaciones y anotaciones de las agendas del comisario, se suman los informes internos interceptados al grupo Cenyt y también multitud de detalles que se publicaban en abierto para captar clientes. El inspector 111.470 ha mencionado uno que le llamó mucho la atención: “En Internet, el grupo Cenyt se definía como una unidad de inteligencia dedicada a la investigación económica y financiera. Y, literalmente, decía que ‘mantiene estrechas relaciones institucionales y operativas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Administración de Justicia, lo que le permite conseguir grandes dotes de eficacia, constituyendo un valor estratégico de la firma’. Es decir, vendía en su web como valor añadido esa estrecha relación”.
El investigador de la Asuntos Internos ha desgranado las pruebas intervenidas: discos duros, pendrives, DNI con identidades falsas, documentación en papel… “Se le interceptó en [una de sus] casas un 1% del soporte papel que había. Era mucha documental”, ha especificado el agente. También en formato digital: “Era muchísima. En el domicilio de Villarejo hay terabytes de información. Es imposible verlo en horas, en un día, en una semana o en un mes […] Era humanamente imposible hacer ese filtro que se podía hacer con el soporte papel”, ha subrayado. Todo el material incautado se guardó bajo llave en una caja fuerte de la UAI, aseguró. Este detalle debilita la tesis de la defensa de Villarejo de que el material que le incrimina pueda estar manipulado.
Tras acabar los interrogatorios de los acusados el miércoles, la vista oral se ha adentrado desde este jueves en la fase de declaración de los testigos. El tribunal ha previsto un largo calendario de sesiones. Según sus cálculos, el juicio no concluirá hasta el próximo 23 de junio, para cuando ha fijado la última jornada. A Villarejo aún le queda batalla por delante.
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