Avelino Guillén ha presentado su renuncia al frente del Ministerio de Interior este viernes después de más de un mes de tensión con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, quien dejó de despachar con él después de que el funcionario de Gobierno rechazó el retiro y cambio de colocación de agentes destacados y especializados. El conflicto llevó al ministro a pedir la destitución del jefe policial al presidente Pedro Castillo, según informó el medio digital IDL-Reporteros. Pero transcurridas unas semanas, la petición no se ha concretado.
La carta de dimisión de Guillén —el tercer ministro en ocupar la cartera del Interior en el Gobierno de Castillo— se produce el día en el que el mandatario cumple seis meses al frente del Ejecutivo, un tiempo en el que ha cambiado a más de la mitad de sus ministros, y mientras el país vive un incremento de delincuencia. El miércoles, las autoridades decretaron un estado de emergencia por 45 días en las regiones de Lima y Callao que permite que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en el patrullaje y la suspensión de ciertos derechos fundamentales como el de reunión o la inviolabilidad de domicilio.
Las desavenencias entre Guillén y Gallardo se remontan a finales del año pasado cuando, después de que el ministro rechazara los cambios de personal solicitados por el comandante de Policía, este insistió con nombramientos de personal sin mérito. Guillén fue el fiscal que investigó delitos cometidos por el autócrata Alberto Fujimori y su exasesor y jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, y logró la condena a 25 años de prisión por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas por el destacamento militar Colina en 1992 y 1991, respectivamente.
Según el semanario Hildebrandt en sus trece, desde septiembre, el general Gallardo sacó a más de 1.700 policías experimentados de unidades policiales clave —como la encargada de los operativos contra el crimen organizado y la lucha anticorrupción y la división antidrogas— y los trasladó, sin argumento, a otras áreas. Fuentes policiales aseguraron a ese medio que el incremento de los crímenes y la delincuencia en Lima y Callao se debe a dichos cambios.
A inicios de mes, Guillén había anunciado que, de aprobarse el estado de emergencia, policías de la Dirección de Operaciones Especiales patrullarían algunos distritos de la periferia de la capital y las fuerzas Armadas apoyarían en el centro de la ciudad, pero que eran necesarios protocolos de actuación. El jueves 13 de enero, el Congreso aprobó una moción —con 80 votos a favor y 22 en contra— que solicitaba al Ejecutivo declarar el estado de emergencia para contrarrestar la ola de inseguridad ciudadana y ordenar medidas excepcionales.
La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los peruanos. Según una encuesta realizada en diciembre por Ipsos Perú, un 56% de los ciudadanos consideraba que el control de la delincuencia estaría peor en los próximos doce meses, mientras que un 29% esperaba que se mantuviera igual. Además, un 30% de los consultados sobre qué regalaría al país en 2022, respondió la reducción de la delincuencia y el narcotráfico. Fue el cuarto problema mencionado luego de preocupaciones económicas y de salud vinculadas a la pandemia.
Por el momento, el presidente Castillo no se ha pronunciado sobre la renuncia. Al final de la tarde del viernes, el jefe de Estado aún cumplía actividades en la región Ancash —al norte de Lima— y no había despachado con la presidenta del consejo de ministros, Mirtha Vásquez, sobre la carta de dimisión de Guillén. La primera ministra ha dicho públicamente que respalda la permanencia del ministro de Interior, y por lo tanto, el pase a retiro del comandante general de la policía. Fuentes del Ejecutivo proyectan que el desenlace se producirá el fin de semana.
Guillén asumió como el tercer titular de la cartera de Interior cuando el Gobierno tenía tres meses de instalado. El exfiscal fue miembro del equipo técnico de Castillo durante la campaña de la segunda vuelta electoral en junio pasado, y fue nombrado ministro a inicios de noviembre luego del escándalo que produjo una fiesta en la casa del entonces ministro Luis Barranzuela. Dicho funcionario había advertido a los peruanos en octubre que —para evitar las aglomeraciones y transmisión del nuevo coronavirus— estaban prohibidas las reuniones sociales por Halloween y el día de la canción criolla, que se celebran en la misma fecha en el país andino.
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