Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó el sábado a pena de muerte -que no se aplica en el país y se traduciría de facto en cadena perpetua- a 49 personas por el asesinato de dos expertos de la ONU en 2017. Confirma la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Contra los acusados, pesaban cargos relacionados con pertenencia a un movimiento insurreccional, asociación delictiva, crimen de guerra por asesinato y por mutilación, malversación de objetos incautados, violación de órdenes y terrorismo.
El juicio por el crimen
Que tuvo lugar en un tribunal militar de la ciudad de Kananga. Empezó en 2017 y se vio obstaculizado en múltiples ocasiones por contradicciones y demoras. Los acusados eran un total de 54 -para la mayoría de los cuales la Fiscalía militar había solicitado la pena de muerte- si bien 22 huyeron y fueron juzgados en ausencia porque estaban fugados. Entre los reos, está el coronel Jean de Dieu Mambweni, condenado a 10 años de cárcel y trabajos forzosos tras ser declarado culpable de “violar las órdenes y de no ayudar a una persona en peligro”, según recogen medios locales.
La corte señala que, en vez de disuadir a los expertos, el estadounidense Michael Sharp y la sueco-chilena Zaida Catalán, el coronel planeó el viaje a Moyo Musuila, en la región de Kasai (en el centro del país), en el que ambos acabaron desapareciendo sin informar a sus superiores.
El periodista Raphael Kamuzadi y el policía André Tshipamba han sido absueltos por falta de pruebas tras haber pasado cuatro años en prisión. El primero había sido acusado de haber suministrado machetes a los milicianos y el segundo, de aparecer en una fotografía con un líder miliciano que participó en la muerte de los dos expertos de la ONU. Otros dos imputados, considerados menores de edad cuando se cometieron los hechos, han sido remitidos a un juzgado de menores.
Los cuerpos sin vida de Sharp y Catalán
Fueron hallados el 27 de marzo de 2017, dos semanas después de que se perdiera su rastro junto al de otros cuatro trabajadores congoleños mientras investigaban violaciones de derechos humanos en esta provincia. Ambos expertos eran miembros del grupo creado por la ONU para vigilar las sanciones impuestas sobre el país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En un principio, el Gobierno congoleño culpó del crimen a la milicia Kamuina Nsapu, que en 2016 se alzó contra las autoridades en Kasái Central para vengar la muerte de su caudillo a manos del Ejército. Sus enfrentamientos contra las fuerzas del orden causaron cientos de muertos y cerca de medio millón de desplazados. Una investigación de la ONU en 2017 concluyó que los dos expertos pudieron ser víctimas de una emboscada al azar de una milicia, pero no descartaron una posible implicación de las autoridades.
“La investigación y, en última instancia, este juicio no han logrado sacar a la luz toda la verdad sobre lo sucedido”, lamenta a través de Twitter Thomas Fessy, investigador para la RDC de la organización. “Las autoridades congoleñas, con el apoyo de la ONU, deberían ahora investigar el papel fundamental que los altos funcionarios pueden haber jugado en los asesinatos”, añade Fessy, mientras la embajada sueca en la RDC hace un llamamiento a que continúe la investigación “para avanzar más en el descubrimiento de la verdad y hacer justicia”.
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