La posibilidad de que Laura Borràs tenga que dejar de forma precipitada su cargo como presidenta del Parlamento catalán parece aún muy lejana. Pero el terreno judicial se vuelve cada vez más pantanoso para Borràs, que afronta una doble amenaza de inhabilitación. Una, por una hipotética desobediencia para el caso de que, finalmente, se niegue a retirar el acta a un diputado de la CUP que ha sido condenado. La otra, por los delitos de corrupción que afronta en una causa penal que aún se investiga por las irregularidades en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y que en caso de condena conllevan, también, penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La continuidad de Borràs al frente de la cámara autónoma está condicionada por la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruye la causa contra la candidata de Junts a las últimas elecciones autonómicas por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental. Borràs fraccionó, presuntamente, contratos por valor de 260.000 euros para adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, el informático Isaías H. El tribunal acaba de asumir la causa que afectaba a otros dos investigados por el mismo asunto y ha prolongado, seis meses más, la instrucción, lo que permite a Borràs tomar oxígeno y ganar tiempo.
Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, los indicios contra la presidenta del Parlament son sólidos porque incluyen correos electrónicos que intercambió con Isaías H. y que evidencian la existencia de amaños. Pese a los seis meses extra -pensados, sobre todo, para que las defensas de los otros dos investigados puedan solicitar diligencias-, la causa está prácticamente concluida: llegado el caso, el TSJC dictará auto para que la Fiscalía solicite las penas que considere que debe imponerse a Borràs. Está por ver qué delitos finalmente se sustentan, pero uno de los más claros, el de prevaricación -dictar una resolución a sabiendas de que es injusta- conlleva penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el escenario de que Borràs sea juzgada y condenada, deberá dejar la presidencia de la cámara.
Otra decisión del TSJC ha abierto una nueva vía que puede truncar la carrera política de Borràs, pero de un modo menos ignominioso: no por corrupción -acusación que ella niega de forma tajante- sino por desobediencia. El pasado 14 de diciembre, el tribunal condenó, precisamente por un delito de desobediencia, al diputado de la CUP Pau Juvillà. Los magistrados le impusieron una pena de seis meses de inhabilitación y el pago de una multa de 1.080 euros por negarse a retirar unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria, sede del Ayuntamiento de Lleida, durante el periodo electoral de 2019. Juvillà era entonces concejal, pero no diputado autonómico.
Nada más conocer la sentencia, Borràs dijo públicamente que no tenía “potestad ni voluntad” de retirar el acta de diputado a Juvillà. Avanzó que no lo haría, en cualquier caso, hasta que el Tribunal Supremo se hubiese pronunciado de forma definitiva. “Hasta que no haya una sentencia firme que se tenga que ejecutar, el diputado Pau Juvillà es diputado del Parlament”, dijo. “Perseveraremos en la defensa de los derechos y libertades de los diputados”, agregó.
La candidata de Junts está dispuesta a dar la batalla y, aunque no ha aclarado si desobedecerá una orden directa, pretende ir al menos más allá de lo que llegó su antecesor, Roger Torrent (Esquerra Republicana), cuando el expresident de la Generalitat Quim Torra fue inhabilitado. Pese a los recursos y maniobras parlamentarias para dilatar la decisión, Torrent acabó acatando y retiró el escaño de diputado al presidente catalán en una decisión que Borràs ha tildado de “nefasta”.
El 20 de enero, la Junta Electoral Central (JEC) adoptó un acuerdo que deja sin efecto la condición de diputado de Juvillà. La mesa del Parlament acordó entonces la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para evitar que el cupaire tuviese que dejar el escaño. Pero Ciudadanos pidió al máximo órgano de control electoral que dictara medidas para hacer efectiva la “ejecución inmediata” del acuerdo. La JEC atendió la petición del partido naranja. El 27 de enero, emitió una resolución en la que da a Borràs cinco días hábiles para que explique qué “medidas ha adoptado” para cumplir esa orden. El órgano advierte expresamente a la presidenta del Parlament de que la decisión es firme y ejecutiva y de que su incumplimiento “puede dar lugar a las consecuencias jurídicas previstas en la legislación vigente”.
El plazo expira este viernes. Sin aclarar qué hará finalmente, Borràs trata de fortalecer su posición como garante de los derechos de los diputados. El martes, la mesa de la cámara -con mayoría independentista- pidió paralizar la actividad parlamentaria hasta que la comisión del Estatuto del Diputado se pronuncie sobre si Juvillà debe mantener o no el escaño, lo que ocurrirá previsiblemente este mismo jueves. Solo a partir de entonces se verá si Borràs se encamina hacia esa segunda amenaza de la inhabilitación o da un paso atrás.
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