Las autoridades migratorias de Argentina ordenaron la expulsión del país del principal acusado de distribuir la cocaína envenenada que desde el miércoles ha matado a 24 personas. Joaquín Aquino, alias el Paisa, deberá regresar a su país, Paraguay, “cuando cese el interés de la Justicia sobre su persona”, explicó la Dirección Nacional de Migraciones en una comunicación oficial.
Este viernes, el número de víctimas pasó de 23 a 24 tras el fallecimiento de un hombre que llevaba dos días agonizando en un hospital del extrarradio oeste de la ciudad de Buenos Aires. Fue en esa zona donde las víctimas compraron la droga, cortada con un potente opiáceo que les provocó la muerte.
Los investigadores sospechan de la presencia de fentanilo, un droga sintética 50 veces más potente que la heroína, pero 48 horas después de iniciadas las muertes el examen de laboratorio aún no está listo. Una fuente del ministerio de Salud aclaró que “no se trata de un estudio sencillo”.
Las autoridades saben que el contaminante es un opiáceo porque los ingresados respondieron a la naloxona, su antídoto, pero no están seguros de cuál se trata. Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández, duda de que se trate de fentanilo. “El fentanilo tiene una vida media corta y hemos visto que los pacientes a los que se le aplicó la naloxona se despertaban y volvían a dormirse. Hubo que aplicarla entonces por goteo, y eso habla de un opiáceo de vida más larga”, explica. En cualquier caso, el fentanilo en Argentina se utiliza solo en hospitales como anestesia, no se consigue en farmacias y no forma parte de la oferta de los narcotraficantes.
Las autoridades no saben aún por qué la droga estaba cortada con un componente que en el mercado local es más caro que la cocaína. Primero se sospechó de un ajuste entre bandas, pero crecen también las hipótesis de un ensayo para introducir los opiáceos en el mercado local o un simple error de manipulación. Llama la atención el perfil de las víctimas: gente muy pobre, de barrios marginales y adicta a una droga que compraban a menos de la mitad de su valor de mercado en Puerta 8, una pequeña barriada de corredores angostos de tierra donde funcionaba la “cocina” donde se cortó la droga envenenada. 23 intoxicados aún están ingresados y ocho sobreviven conectados a un respirador mecánico. Solo tres de las víctimas eran mujeres.
Al día siguiente de producidas las primeras muertes, la policía detuvo a una decena de personas en Puerta 8, ubicado en los alrededores de los hospitales donde se repartieron las víctimas. Luego cayó Joaquín Aquino, de 33 años. En la casa donde fue detenido, la policía incautó 5.000 dosis de estupefacientes embaladas en el mismo nailon rosa que tenían las muestras entregadas por familiares de las víctimas.
La banda criminal a la que pertenece Aquino, de acuerdo a la Policía, está encabezada por Max Alicho Alegre. Disputa el control de varias villas miseria del oeste de la periferia bonaerense a otra liderada por Iván Villalba, hijo del histórico narcotraficante Miguel Ángel Mameluco Villalba. Villalba está preso y Aquino sería el encargado de ejecutar sus órdenes en la calle.
Llevaba un año y medio prófugo de una condena de cuatro años; enfrentaba además una expulsión del país y una prohibición de reingreso por ocho años. “Ahora se amplifica la prohibición de reingreso de manera permanente”, dijo la directora de Migraciones, Florencia Carignano, al canal de noticias A24. “Tendrá que cumplir una condena de cuatro años y habrá que ver cuánto más está preso [por esta nueva causa], pero el día que quiera salir en libertad no podrá estar un minuto en Argentina”, aclaró.
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