Un día antes de que comience un controvertido juicio por su ascenso al poder el 12 de noviembre de 2019, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre mediante una carta que su hija leyó a la prensa. Áñez está acusada de haber actuado contra la Constitución e incumplido sus deberes como senadora cuando se proclamó presidenta de Bolivia dos días después de la renuncia de Evo Morales y puede ser condenada hasta con 12 años de prisión.
La exmandataria, que según sus médicos sufre depresión y otras dolencias, escribió que su “acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que [el sistema de] justicia es de Evo Morales y [del presidente] Luis Arce”.
Su defensa alega que los fiscales y jueces están parcializados en su contra por razones políticas y que han incumplido las garantías legales a las que Áñez tenía derecho, en particular la de ser procesada por la Asamblea Legislativa por su condición de exgobernante. El Gobierno de Arce asegura que el proceso cumple la ley, porque se realiza en torno a las decisiones que Añez supuestamente tomó para asumir la presidencia y, por tanto, cuando todavía no ocupaba esta investidura.
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Luego de la renuncia de Morales, en la tarde del 10 de noviembre de 2019, una serie de renuncias públicas de las autoridades parlamentarias del derrocado Movimiento al Socialismo (MAS) pusieron a Áñez, que estaba al borde de la jubilación pero era la segunda vicepresidenta del Senado, en el centro de la política nacional.
Parte de la oposición a Morales consideraba que la presidencia transitoria le debía corresponder a ella, así que hizo una gestión ante el Tribunal Constitucional para validar su asunción. Este emitió un comunicado de prensa en el que se señalaba que toda sucesión presidencial se debía dar de forma inmediata y automática (“ipso facto”) para evitar un vacío de poder, pero sin señalar si la sucesora debía ser la entonces senadora o alguien más.
Amparada en esta declaración y en la efervescencia de las multitudes contrarias a Morales, Áñez se proclamó presidenta cuando vio que el MAS no concedía el quorum necesario para que el asunto se considerara en el Legislativo. Antes de eso, exhortó a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles, en un contexto de fuertes protestas en contra de la policía, que los días previos había protagonizado un motín para provocar la caída de Morales.
Estos son los actos por los que ahora será juzgada junto con ocho exjefes militares y policiales. En el tiempo transcurrido desde entonces, el Tribunal Constitucional se retractó de su comunicado de prensa, que ahora considera sin valor legal. Y los principales políticos de la oposición señalaron que en las reuniones que tuvieron en esos días –que son objeto de otro proceso paralelo– recomendaron que fuera el Parlamento el que posesionara a Áñez, lo que no sucedió.
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La expresidenta considera que está condenada de antemano y por eso quiere darle un significado político a su “sacrificio”. “Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las utilizaré para demostrar a Bolivia y el mundo que estos machos del poder no podrán borrar de la historia que cometieron fraude. Que fueron encontrados y renunciaron escapando del país”. Las protestas contra Morales comenzaron luego de que el Tribunal Electoral declarara a este ganador de las elecciones de octubre de 2019 y el candidato antagonista, el expresidente Carlos Mesa, denunciara un “fraude monumental”.
La gestión de Áñez duró menos de un año y estuvo tachonada de problemas de corrupción y violación de los derechos humanos. El hombre fuerte de este Gobierno fue el ministro Arturo Murillo, actualmente preso en Miami por lavado de dinero.
Según un grupo de expertos independientes reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo menos de 40 personas murieron en masacres, ejecuciones sumarias y torturas policiales. Estos delitos no están siendo procesados porque el MAS no cuenta con la mayoría parlamentaria para enjuiciar a una presidente por actos que claramente haya realizado en esa condición. Según los analistas y la oposición, el juicio actual, que es por delitos relativamente menores, pretende subsanar la imposibilidad de realizar un juicio parlamentario, por lo menos en el corto plazo.
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