Los ataques a autoridades, empresas y figuras españolas por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culminaron este miércoles con la petición de hacer una “pausa” en sus relaciones con España, sin terminar de concretar de qué se trataba esa pausa. Desde que llegó al poder a finales 2018, López Obrador ha hecho de las empresas españolas el blanco de críticas y acusaciones durante sus conferencias de prensa diarias, señalándolas de haber firmado contratos abusivos con administraciones pasadas y bajo conflictos de interés. No obstante, el Gobierno de México no ha llevado ningún caso o denuncia ante la justicia.
Incertidumbre en mas de 70.000 millones de dólares en inversión
Las declaraciones de este miércoles cubrieron de incertidumbre unos 70.000 millones de dólares en inversión y miles de empleos: España es el segundo inversor más grande en México después de Estados Unidos. El BBVA es el primer banco del país, seguido por el Santander. Iberdrola y Gas Natural Fenosa generaban, hasta 2018, más del 20% de la electricidad del país. Telefónica es el segundo operador de telefonía móvil en México, con más del 20% del mercado. La Caixa tiene un 9% de participación en Inbursa, el banco del magnate Carlos Slim. Sus inversiones, junto con el de unas 170 empresas españolas más, necesitan del respaldo de las instituciones diplomáticas, coinciden los analistas.
“Parece poco prudente arriesgar nuestra estabilidad diplomática con España y poner en duda sus inversiones en el país, particularmente en un momento en el que estamos intentando impulsar una recuperación económica” dice Ana Bertha Gutiérrez, encargada del análisis de Comercio Exterior y de Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Este motor de la inversión es fundamental para el crecimiento económico, para la creación de empleos y, por ende, para mejorar las condiciones de vida de la población”, agrega.
Camescom
El 4 de febrero, la Cámara Española de Comercio (Camescom) publicó una serie de datos que sugieren que los inversores españoles han resistido, hasta ahora, la hostil retórica de López Obrador. En los primeros nueve meses de 2021, empresas españolas habían invertido 76.000 millones de dólares, lo que representa el 12% de los flujos al país latinoamericano. “En 2020, la inversión extranjera directa (IED) global recibida por México cayó un 19%”, dice el comunicado publicado por Camescom, “sin embargo, en este periodo, la inversión procedente de España solamente disminuyó un 1%”. La disminución sí se ha visto reflejada en el número de empresas españolas que trajeron su capital al país: de las 416 registradas por la Secretaría de Economía en 2018, solo 178 quedaron el año pasado, es decir, una caída de 57%.
“México tiene, no solo un tratado de libre comercio con España, vía el tratado con la Unión Europea, sino también acuerdos de protección de inversiones con el país”, asegura Juan Carlos Baker, negociador de múltiples tratados de libre comercio para México y exfuncionario de la Secretaría de Economía. “Este tipo de cosas no abonan a la relación bilateral y de negocios entre México y España. Está muy documentado que las empresas españolas resienten el trato que se les ha dado, los señalamientos también”, dice Baker. “Me parece que [el presidente] está dejando claro que las inversiones y las operaciones de este país no son vistas con los mejores ojos, lo que es preocupante, porque lo que necesita el país es inversión, crecimiento, atraer proyectos que están buscando donde alojarse por el nearshoring y otra series de fenómenos”.
Para empresas de energía renovable
Los primeros tres años del sexenio de López Obrador han sido particularmente duros. El presidente ha hecho de Iberdrola un blanco constante de ataques, criticando que el expresidente Felipe Calderón se haya unido al Consejo de Administración después de terminar su mandato. El regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha frenado además la renovación de licencias y permisos en un intento por limitar la participación privada. El Gobierno también canceló las subastas de energía eólica y solar programadas como parte de la reforma energética.
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